Prisión preventiva para acusados de estafas en concesionaria de Pilar
Carlos González y Cynthia Chamoles están señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita; la causa suma 47 damnificados.
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La jueza de Garantías Andrea Rodríguez Mentasty dictó la prisión preventiva de Carlos Alberto González (43) y Cynthia Chamoles (44), dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium, acusados de encabezar una asociación ilícita y de estafar a clientes con autos y camionetas de alta gama.
La medida fue solicitada por el fiscal de Pilar Andrés Quintana, a cargo de la investigación. Ambos habían sido detenidos hace un mes por detectives de la SubDDI Pilar en una vivienda de un barrio cerrado. Continuarán presos: González está alojado en la Alcaidía Penitenciaria de Malvinas Argentinas y Chamoles, en la Unidad 61 de Melchor Romero, ambas del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Los delitos y los argumentos de la jueza
Los dos están imputados como presuntos jefes de una asociación ilícita, en concurso real con estafa, defraudación por retención indebida y defraudación por administración infiel.
Para fundar la preventiva, la magistrada consideró los riesgos procesales de “entorpecimiento del proceso” y la “probabilidad” de fuga.
“No puedo dejar de mencionar la multiplicidad de hechos, de víctimas, los grandes perjuicios ocasionados, y la logística empleada en los mismos; todo lo cual, me lleva a deducir que al momento de recaer una hipotética pena, la misma necesariamente será de efectivo cumplimiento, con lo cual y en virtud de la modalidad de la hipotética condena que pudiere serle impuesta, me lleva a presumir que los imputados expuestos ante dicha amenaza punitiva pueden intentar eludir el accionar de la Justicia y con ello frustrar los fines del proceso”, fundamentó, de acuerdo a una resolución citada por La Nación.
Respecto del entorpecimiento de la investigación, la jueza hizo referencia a la “magnitud del perjuicio económico, la disponibilidad de recursos y logística para ocultar activos y/o posibilidad de manipular documentación relevante”. Y concluyó: “Advierto que, por el momento, la medida cautelar de la prisión preventiva se presenta como el único medio idóneo para asegurar de manera efectiva los fines del proceso, por lo que resulta a la fecha proporcional y necesaria en función del objeto de tutela”.
Las víctimas y las maniobras investigadas
Entre las víctimas figuran el diputado nacional por La Libertad Avanza Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot.
Quintar denunció en abril que había comenzado a negociar en agosto de 2025 la compra de una Tesla Cybertruck por 285.000 dólares. Sostuvo que pagó el total, una parte por transferencias bancarias y otra en efectivo, y que nunca recibió el vehículo.
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Según el expediente, Pichot entregó en consignación una camioneta Ford Ranger Raptor sin firmar el formulario 08, por lo que el dominio siguió a su nombre. Los imputados habrían dispuesto del vehículo y desviado lo obtenido en su provecho, sin rendirle cuentas.
Otro caso es el de un amigo de González, que había comprado un Ford Mustang 2022 en la concesionaria en octubre de 2024. A fines de junio de 2025 entregó el auto para exhibirlo en el salón de ventas. Cuando lo reclamó, entre septiembre y octubre de ese año, González le pidió en reiteradas ocasiones que “lo bancara”, según la imputación, porque ya lo había vendido a otra persona.
También figura un cliente que transfirió 29.000 dólares, con una seña inicial de 3.000, por un Mercedes-Benz CLA 200 que nunca recibió.
La acusación sostiene que los imputados y sus empleados “simularon la falsa apariencia de una empresa seria, con antigüedad en el rubro y reconocimiento en el mercado”.
Qué dijeron los acusados
En la indagatoria ante el fiscal, González contó que empezó hace diez años en el Shopping Champagnat y que luego se mudó a un edificio sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, donde pasó a trabajar con clientes “ABC1” y vehículos de alta gama. Dijo que, como gerente general, sumó a algunos clientes como inversores y que la firma llegó a vender 100 vehículos por mes.
Ubicó el “quiebre de ingresos” en la causa federal por desobediencia en la que fue procesado por el juez de Campana Adrián González Charvay: según su versión, las ventas bajaron a 50 por mes. Habló de una “corrida” de inversores por 3.000.000 de dólares, de costos mensuales de 300.000 dólares y de un “descalce” financiero de 6.000.000 de dólares. Afirmó que convocó a la “mesa chica” de inversores para recomponer la situación y que el dueño del local le rescindió el contrato de alquiler. “Esa es la historia”, dijo. Sobre las medidas cautelares, afirmó: “Me aniquiló. Perdí respeto y confianza”.
Chamoles, por su parte, atribuyó los incumplimientos a un “desfasaje” por atrasos de clientes con vehículos financiados. “Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total [de la compra de vehículos], que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado. Reclamamos y se quejaron. Nos amenazaron con denunciarnos por reclamar un pago legítimo. Se entregaron varios autos que todavía no fueron pagados”, sostuvo. Afirmó además que las deudas a cobrar suman 2.000.000 de dólares.
Quiebra de la sociedad y estado de la causa
Tal como informara Pilar de Todos, la Justicia Comercial decretó el 14 de septiembre la quiebra de Datcar SA, la sociedad que operaba la concesionaria, a través del Juzgado Nacional en lo Comercial N°22, tras el reclamo de un acreedor por pagarés impagos. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de noviembre de 2026 para verificar sus créditos.
La causa penal tramita en el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro y en la UFI N°2 de Pilar.
