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    Declararon los dueños de la agencia de autos acusados de presunta estafa

    La pareja al frente del comercio adujo que registraron en la empresa un descalce financiero de unos 6 millones de dólares.

    12 de septiembre de 2026 | 20:10
    Los responsables de la empresa fueron detenidos la semana pasada.
    Los responsables de la empresa fueron detenidos la semana pasada.

    Declararon los dueños de la agencia de autos premium de Pilar acusados de presunta estafa. Se trata de Cynthia Chamoles y Carlos Alberto González, socios y dueños de la concesionaria Autos Pilar Premium, quieren fueron detenidos en su vivienda del barrio cerrado Las Condes, en Pilar.

    Según consignó el diario La Nación, Chamoles atribuyó los incumplimientos con clientes a un desfasaje financiero de la empresa: la firma seguía entregando vehículos y afrontando gastos mientras no le ingresaba el dinero que le debían clientes e inversores. Aseguró que Autos Pilar Premium mantiene créditos pendientes de cobro por unos 2 millones de dólares. González, por su parte, habló de un "descalce" financiero de aproximadamente 6 millones de dólares —es decir, esa diferencia entre lo que la empresa debía cobrar y lo que necesitaba para cumplir sus compromisos— como origen de los incumplimientos.

    Pagarés impagos y vehículos sin entregar

    En su declaración ante el fiscal Andrés Quintana, Chamoles sostuvo: "Tengo pagarés de clientes que no pagaron su total, que suman un aproximado entre 500.000 y 600.000 dólares. Lo tengo documentado". También se refirió a un reconocido cantante y DJ, cuya identidad permanece bajo reserva, a quien la concesionaria le entregó una camioneta Land Rover Evoque y con quien mantiene una deuda de 120.000 dólares.

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      Habló además de una Lamborghini Urus valuada en unos 800.000 dólares, embargada por una situación vinculada a su titular, sobre la que Autos Pilar Premium todavía debería pagar 100.000 dólares para completar la operación.

      Un diputado nacional y el hermano de Agustín Pichot, entre los denunciantes

      La causa reúne al menos 35 presuntos damnificados que habrían señado vehículos que nunca recibieron o entregado automóviles en consignación que luego fueron comercializados sin que percibieran el dinero acordado. Entre ellos figuran el diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar y Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot. Quintar denunció que había negociado desde agosto de 2025 la compra de una Tesla Cybertruck por 285.000 dólares, que habría abonado en su totalidad sin recibir nunca la unidad. Pichot, en tanto, entregó una Ford Ranger Raptor en consignación y sostiene que nunca firmó el formulario 08, pero que la agencia dispuso igualmente del vehículo sin entregarle lo producido por la venta.

      De 100 a 50 vehículos por mes

      Durante su indagatoria, González repasó la historia de la empresa: contó que comenzó hace una década en el Shopping Champagnat y que luego se trasladó a un inmueble sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, en Manuel Alberti, donde empezó a trabajar con vehículos de alta gama. En su mejor momento, dijo, la concesionaria llegó a comercializar unos 100 vehículos mensuales, tras incorporar inversores.

      El empresario ubicó un punto de quiebre en una causa judicial de 2025 por el uso del espacio público lindero a la Panamericana para exhibir autos, iniciada tras una denuncia del apoderado de Autopistas del Sol. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, terminó procesándolo por desobediencia y ordenó el secuestro de nueve vehículos. Según su versión, las operaciones cayeron entonces de 100 a unas 50 unidades mensuales y se produjo después una "corrida" de inversores por unos 3 millones de dólares.

      "Me aniquiló": el impacto en la agencia

      González sostuvo que la estructura de la compañía demandaba costos cercanos a los 300.000 dólares mensuales y que, con la caída de ingresos y el retiro de inversores, el descalce llegó a los 6 millones de dólares.

      Aseguró haber intentado conseguir nuevos aportes de un grupo reducido de inversores, pero que el avance de las denuncias por presunta estafa y la repercusión pública de los allanamientos agravaron la crisis, al punto de que el propietario del inmueble donde funcionaba la agencia rescindió el contrato de alquiler.

      "Me aniquiló. Perdí respeto y confianza", afirmó el empresario al referirse al impacto de las medidas judiciales. La explicación de ambos acusados quedó incorporada al expediente que instruye el fiscal Quintana, que deberá contrastarla con la documentación de la causa y con las denuncias de los presuntos damnificados.

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