Denuncian que no se aplica una ordenanza para garantizar la accesibilidad de la comunidad sorda
Hace un año, el Concejo Deliberante había aprobado una normativa que establecía que las dependencias comunales debían contar con intérpretes para facilitar trámites y asesoramiento. La Defensoría del Pueblo reclamará su pronta implementación.
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Desde la Defensoría del Pueblo de Pilar alertaron que, tras un año de sancionada, no se aplica una ordenanza para garantizar la accesibilidad de la comunidad sorda que reside en el distrito.
En efecto, en agosto del año pasado, el Concejo Deliberante había aprobado por unanimidad la iniciativa que había llegado al recinto impulsada por la Defensoría y luego de que diferentes personas sordas manifestaran las dificultades que enfrentaban en diferentes reparticiones públicas.
Pero, a un año de la aprobación del texto nada cambió.
La ordenanza establece la incorporación de intérpretes de lengua de señas en las oficinas públicas del Municipio de Pilar.
También en los hospitales públicos y en las comisarías. Los mismos, que hasta podían ser empleados capacitados para tal fin, debían desempeñarse como traductores y así "suprimir las barreras comunicacionales que encuentra la comunidad hipoacúsica a la hora de hacer trámites de diferente índole", expusieron desde la Defensoría.
Sin embargo, tal como reclamó el titular de la Defensoría local, Juan Pablo Trovatelli, “la ordenanza ni siquiera se ha comenzado a implementar".
"Desde el equipo de la Defensoría lo sabemos porque estamos en diálogo constante con la comunidad de Sordos, quienes nos transmiten sus dificultades diarias, su preocupación y sobretodo su decepción ante la falta de respuesta del Estado", contó el Defensor del Pueblo.
Ante la falta de puesta en marcha de la iniciativa, Trovatelli opinó que la situación es "un hecho más que refleja la falta de empatía, de capacidad de diálogo y de compromiso con el vecino" por parte del Ejecutivo Municipal.
Desde el Municipio se había realizado una capacitación en el Instituto Municipal de Administración Pública del que habían participado 70 agentes comunales en julio pasado.
Allí, habían prometido que la misma se iba a acercar a "todas las institucionales que brinden servicios varios", pero principalmente a los empleados que estén abocados a la atención al vecino.
Frente al panorama, Trovatelli adelantó que "como institución impulsora de la ordenanza de accesibilidad ya se ha solicitado al Ejecutivo Municipal que informe los motivos de la falta de ejecución luego de un año de su aprobación".
También ha pedido la realización de un informe sobre el procedimiento que tomarán para concretar su puesta en marcha.
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