El edil Juan Luna, del Movimiento Evita, propuso crear un área especial que se dedique a impulsar medidas que fomenten la construcción de viviendas sociales y el acceso a la tierra.
Se trata del Consejo Municipal Vivienda y Hábitat que, de aprobarse, tendrá entre sus facultades el buscar que se aplique en Pilar la Ley de Hábitat, una normativa provincial de 2013 que obliga a nuevos countries o emprendimientos inmobiliarios a ceder dinero o tierras para destinar a planes sociales.
La ley, aprobada en el gobierno de Daniel Scioli, establece que los desarrollos urbanos tienen que ceder una porción de tierra proporcional a un porcentaje del emprendimiento (no necesariamente cerca de la urbanización) para que se generen espacios donde se construyan complejos de casas sociales. Pero además, en vez de tierra, lo que pueden destinar son fondos que se reservarán exclusivamente para tal fin.
La Ley indica que cuando se modifiquen determinados indicadores urbanísticos que favorezcan al propietario de una tierra, este deberá pagar una renta en dinero en efectivo, o también en parcelas, que sean de acceso por la vía pública, y factibles de recibir planes de vivienda.
Con una inversión de 138 millones de pesos, proyectan construir 132 viviendas sociales en Pilar
De hecho, el gobierno local quiere crear zonas especiales para destinarlos a este tipo de programas, idea que figurará en el nuevo proyecto de Código Urbano que se presentará en las próximas semanas, y también prevé que los propietarios abonen una “plusvalía” ante cambios urbanísticos que valoricen sus tierras.
“La Ley es de 2013, y hay comunas en donde se ha aplicado, y ya se han loteado y adjudicado viviendas, como el caso de La Matanza. Pero además, el Consejo impulsaría todos aquellos programas que tengan que ver con el acceso a la tierra y la vivienda. Estamos, por ejemplo, viendo la posibilidad de hacer un complejo en San Alejo”, expuso Luna, quien confió en que el proyecto, presentado en el Legislativo, sea aprobado, porque no le generará costos a la Comuna, ya que sus integrantes no percibirán sueldo.
“Es una ley que está vigente, y no necesita que los Municipios adhieran; solo alcanza con que haya decisión política para aplicarla, lo que le permitiría a mucha gente poder contar con terrenos o verse beneficiada con planes de vivienda”, cerró Luna.
El Consejo estará formado por un Presidente, designado por el Ejecutivo, 3 concejales, 1 por la mayoría y dos por la minoría, y 6 representantes de organizaciones sociales vinculadas a la tierra y el hábitat.
