La publicación de un aviso de venta del fondo de comercio del histórico edificio de la ex ENTEL, ubicado en la esquina de Víctor Vergani e Independencia, reactivó una discusión de larga data vinculada a la situación dominial del inmueble y al reclamo para que el predio regrese al patrimonio del Municipio de Pilar.

Daniel Castro, contador, expresidente de la Sociedad de Comerciantes, Industriales, Propietarios y Afines de Pilar (SCIPA) e historiador local, señaló que tomó conocimiento de la operación a partir de una publicación en una plataforma de compraventa online. Según detalló, el aviso ofrece un fondo de comercio correspondiente a una superficie de 526 metros cuadrados dentro del edificio donde funcionaron, en distintas etapas, la Unión Telefónica, luego la Empresa Nacional de Teléfonos (ENTEL) y posteriormente Telefónica, por 590 mil dólares.

“Tomamos conocimiento, por Mercado Libre, que está en venta el fondo de comercio del edificio que funcionó, Telefónica, hace muchos años. Y ahí vuelve a tener conocimiento el hecho de que fue con un una donación con cargo del Municipio de Pilar a la Unión Telefónica en el año 1956, como dejó de de prestar el servicio para el que fue creada la donación, debería volver al patrimonio municipal. En conclusión, tenemos acá un final abierto, quién va a ser el propietario final”, expuso Castro en diálogo con Pilar de Todos.

Castro recordó que el inmueble posee un fuerte valor histórico para la ciudad, ya que fue construido en la década del 50 sobre una parcela de propiedad municipal, con aportes voluntarios de los vecinos, en un contexto en el que el acceso al servicio telefónico representaba un paso clave para la integración de Pilar con otras localidades del país. “Desde ese momento el distrito empezó a dejar atrás su perfil de aldea”, explicó.

En el plano legal, el también presidente del Club Unión precisó que la cesión del terreno se realizó mediante el Decreto Ley Nº 11.037 del 4 de julio de 1956, con intervención del Municipio y de la Provincia de Buenos Aires. Se trató de una donación con cargo, cuyo destino específico era la prestación de servicios telefónicos automáticos.

Sin embargo, sostuvo que ese objetivo quedó sin efecto con el paso del tiempo: Telefónica dejó de operar en el edificio alrededor de 2012 y el sistema para el cual fue cedido el predio quedó obsoleto. Desde su punto de vista, esa situación debería haber derivado en la reversión automática de la donación y en el retorno del inmueble al patrimonio municipal.

En ese contexto, cuestionó la posibilidad de vender un fondo de comercio en un edificio cuya titularidad se encuentra en discusión y sostuvo que esa figura aparece como un argumento para seguir explotando económicamente el lugar, sin que esté claro el respaldo legal que lo avala.

El reclamo institucional se remonta a 2014, cuando SCIPA, a partir de una investigación histórica realizada por el propio Castro, presentó el expediente municipal Nº 6660/2014 solicitando que se estudie la reversión de la donación con cargo. A más de una década de aquella presentación, el dirigente señaló que no hubo información oficial sobre avances o resoluciones al respecto.

Más dudas

La puesta en venta del fondo de comercio genera nuevos interrogantes, ya que se trata de un inmueble que permanece cerrado desde hace casi una década, sin atención al público, sin empleados y sin actividad comercial visible. Actualmente, el lugar no recibe clientela ni registra facturación, lo que pone en cuestión la existencia real de una unidad de negocio en funcionamiento.

A esto se suma que los servicios que históricamente se prestaban en ese edificio —como pago de boletas, gestiones administrativas y atención comercial— continúan ofreciéndose en otras locaciones bajo la nueva denominación de la empresa, Movistar, marca con la que hoy opera Telefónica en el país.

En ese contexto, distintas miradas advierten que la figura del fondo de comercio no resultaría aplicable en este caso, ya que presupone la existencia de una actividad económica activa, algo que no se verifica en el inmueble. Por el contrario, interpretan que la operación podría responder a una estrategia jurídica orientada a mantener el control del edificio o a introducir un nuevo actor en escena, lo que eventualmente podría dificultar o demorar un eventual proceso de reversión de la donación al Municipio.