Extienden la emergencia ferroviaria para avanzar con obras previas a la privatización
La medida fue dispuesta mediante una resolución de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial y reemplaza el vencimiento previsto para junio de este año.
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El Gobierno nacional resolvió extender por otros dos años la emergencia pública en materia ferroviaria, que ahora regirá hasta junio de 2028. La decisión apunta a sostener un esquema excepcional de gestión para acelerar obras de mantenimiento y recuperación del sistema de trenes de pasajeros y de cargas, en la antesala del proceso de privatización anunciado para el sector.
La prórroga quedó formalizada a través de la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial y firmada por su titular, Fernando Herrmann. Según el texto oficial, la continuidad del régimen permitirá “mantener herramientas excepcionales de gestión” y profundizar la reorganización del sistema ferroviario “orientada a su eficientización y futura privatización”.
La medida se adopta cuatro meses antes del vencimiento previsto del esquema de emergencia, dispuesto originalmente en junio de 2024 tras el choque de dos formaciones de la línea San Martín, a la altura de la estación Palermo. Luego de ese episodio, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte había advertido sobre un deterioro estructural del sistema, que abarcaba desde la infraestructura y el material rodante hasta la programación de inversiones, la sostenibilidad presupuestaria y los niveles de servicio.
Desde el área de Transporte justificaron la extensión en la necesidad de contar con mayor previsibilidad y seguridad jurídica para dar continuidad a las acciones en curso, que incluyen intervenciones tanto en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en los corredores de cargas bajo jurisdicción nacional.
Obras e inversiones en marcha
En el marco del plan de recuperación, el Gobierno informó que se encuentran en ejecución 226 obras consideradas prioritarias, además de más de 60 acciones estratégicas orientadas a mejorar el estado general del sistema ferroviario. Entre los ejes principales figuran trabajos sobre vías y puentes, material rodante, señalamiento, infraestructura eléctrica y medidas para reducir riesgos operativos.
La asignación de los recursos prevé que el 31% se destine a obras en vías y puentes, mientras que un 27% corresponde a la compra y reparación de material rodante, la provisión de repuestos para mantenimientos pesados y la modernización y ampliación de talleres ferroviarios. Otro 26% se dirige a obras de señalamiento; el 7% a infraestructura estratégica; el 5% a trabajos eléctricos, y el resto a intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y a la mitigación de riesgos operativos.
De acuerdo con datos oficiales, en este período se avanzó en la recuperación de infraestructura con más de un siglo de antigüedad, la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación completa del sistema de frenado automático en distintas líneas de trenes del AMBA.
Además, el plan incluyó inversiones en material rodante y repuestos, como la compra de tres locomotoras, 43 triplas diésel —equivalentes a 150 coches de pasajeros—, repuestos para más de 500 coches eléctricos y la modernización de instalaciones técnicas. El objetivo, según el Gobierno, es reducir fallas, demoras y cancelaciones en los servicios mientras se avanza en la reconfiguración integral del sistema ferroviario.
