Los reclamos por servicios públicos en Pilar fueron el principal motivo de intervención de la Defensoría del Pueblo durante 2025, con AySA y Edenor al frente del ranking de quejas vecinales. En total, el organismo atendió 8.013 casos, lo que representó un incremento interanual del 10% respecto de 2024.

Según el informe anual, más del 50% de los reclamos estuvieron dirigidos a organismos de la Administración Pública Nacional, en su mayoría vinculados a servicios esenciales como el agua potable, el saneamiento y la energía eléctrica.

Reclamos a AySA en Pilar

La empresa AySA concentró 1.798 reclamos, lo que equivale al 44,69% de las presentaciones contra organismos nacionales y cerca del 22% del total general registrado por la Defensoría. Las principales quejas estuvieron relacionadas con problemas de facturación, dificultades para regularizar deudas, deficiencias en el servicio y la falta de atención presencial, tras el cierre de las oficinas comerciales en Pilar en agosto de 2024.

Edenor y las quejas por tarifas eléctricas

En segundo lugar se ubicó Edenor, con 1.346 reclamos durante el año. El informe señala que el principal detonante fue el impacto de los aumentos en las facturas de electricidad, especialmente en los meses de invierno, con casos que registraron subas superiores al 400%. También se reportaron cortes prolongados del suministro y demoras en la respuesta a los usuarios.

Durante 2025, la intervención de la Defensoría derivó en 200 actuaciones administrativas y legales, un 33% más que en 2024. En uno de los casos más relevantes, la gestión del organismo obligó a Edenor a comparecer ante el ente regulador y a realizar obras para restablecer el servicio eléctrico a unos 400 vecinos de la localidad de Santa Coloma.

Crecen las consultas jurídicas y otros reclamos

El informe también refleja un fuerte aumento del asesoramiento jurídico, con 2.822 consultas, un 66,7% más que el año anterior. Las principales demandas estuvieron vinculadas a trámites legales, conflictos familiares, alquileres, desalojos y defensa del consumidor.

En el ámbito provincial, IOMA concentró la mayor cantidad de reclamos, mientras que a nivel municipal las quejas se enfocaron en rentas, expedientes administrativos, obras públicas y servicios de salud.

Desde la Defensoría del Pueblo de Pilar señalaron que el crecimiento de los reclamos está directamente relacionado con el impacto económico de los aumentos tarifarios, la reducción de canales de atención al público y las dificultades para acceder a respuestas rápidas por parte de las empresas prestatarias y los organismos públicos.

“Este año en la Defensoría hemos aumentado la cantidad de gestiones, que fueron más de 8000”, afirmó Maciel, para agregar que “la mayoría de ellas estuvieron relacionadas con servicios públicos, que hoy están entre las principales preocupaciones de nuestros vecinos, sobre todo por el fuerte aumento de tarifas y la reducción de subsidios, que sacudieron las ya golpeadas economías hogareñas”.

“Los servicios públicos, sus costos y su funcionamiento, en muchos casos deficiente, impactan de forma directa en la vida diaria de nuestros vecinos, de ahí que como lo reflejan los números, hayan estado entre las principales preocupaciones de los pilarenses”, señaló el ombudsman.

“Hemos brindado asesoramiento en algunos casos -sumó-, en otros hemos iniciado reclamos por deficiencias en el suministro o por cobros erróneos, que muchos de ellos fueron reconocidos por las empresas”, señaló el omabudsman.

Maciel, además, indicó que “Pami fue otra gran fuente de reclamos durante el 2025, a partir del recorte de medicamentos sumado al aumento del costo de vida en general, que los jubilados debieron enfrentar con haberes que en muchos casos no llegan a cubrir una canasta básica”.

Actuaciones procesales

En el período, en tanto, se realizaron 200 actuaciones -procesos legales administrativos públicos- ante el organismo involucrado como también al contralor de dicha entidad. A modo de ejemplo, la Defensoría mencionó la intervención por la ocupación ilegal de las colectoras por parte de agencias de autos, que derivó en un proceso penal con la intervención del Juzgado Federal de Campana.

El procedimiento culminó con un operativo de desalojo por parte de personal de Prefectura Naval Argentina. En el mismo sentido, la intervención del titular de la Defensoría del Pueblo para que 400 vecinos de Santa Coloma cuenten con el servicio de energía eléctrica suministrado por Edenor, derivó en que la mencionada concesionaria deba comparecer ante el Ente Regulador y realizar las obras demandadas, que se encuentran actualmente en proceso.