“A mi hijo me lo mataron, me lo mataron”, repite Miriam Lucero con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos.

Es la mamá de Saulo Rojas, un joven que en el año 2013 se suicidó cuando estaba internado en la Fundación San Camilo, una institución terapéutica instalada en Derqui para la rehabilitación de personas con consumos problemáticos de drogas.

Este viernes, Miriam, junto a otros familiares de jóvenes fallecidos e internados en comunidades similares, participó de la presentación de un libro que reúne sus historias y corre un poco el velo que todavía cubre a ese tipo de instituciones.

El ejemplar se llama “La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación”, fue escrito por el periodista Pablo Galfré y presentado en un encuentro desarrollado en el Honorable Concejo Deliberante.

“Mi hijo entró a San Camilo con una esperanza y con un sueño. Él era diabético, insulino dependiente. Llegamos allí desde Mendoza después de una lucha de largos años para hallar un lugar que, no necesariamente tenía que ser de internación”, comenzó a relatar Miriam.

Saulo llegó a San Camilo porque fue la única institución, de muchas, que prometió enfermeros, terapeutas, médicos y todo lo necesario para ayudarlo.

“Llegué con mi hijo, y al instante nos separaron. A mí me mostraron las instalaciones y cuando me quise despedir de Saulo no me dejaron ni siquiera darle un beso. `Una vez que entran ya no pueden salir`, me dijeron”, recordó Miriam.

El próximo 14 de junio se cumplirán cuatro años de la muerte del joven y para Miriam es muy difícil transitar estos días. A Saulo, cuenta, querían trasladarlo a la sede que San Camilo tenía en pleno centro de Del Viso. Un lugar mucho más duro que el de Derqui.

Al no querer acceder, Saulo terminó encerrado en lo que esa comunidad denominó “la celda de contención”. Sus últimas horas las pasó allí, en una habitación de 16 metros cuadrados con un colchón húmedo tirado en el piso. Y ahí apareció con un cinturón atado al cuello. 

"Todo esto sucede a raíz de los malos tratos y el hostigamiento que recibió durante años, sumado a un cuadro de depresión. Nadie estuvo ahí para cuidarlo, sino para castigarlo”, explicó Galfre.

A pocos días de cumplirse cuatro años de la muerte de su hijo, Miriam sigue de pie y pide para los responsables “una sentencia ejemplificadora”.

“Como mamá, no es fácil despegarme de los días previos a su muerte… ¿qué viviría él hace cuatro años atrás a esta fecha? Siento el frío de la tarde y pienso en mi hijo encerrado, en un lugar húmedo, frío, con un colchón tirado en el piso. Solo, triste, y con la gran posibilidad de que lo llevaran a Del Viso donde todo era más horroroso todavía. Todo me da la pauta de que a mi hijo me lo mataron. Le quitaron sus sueños, las ganas, la esperanza. Me lo fueron matando de a poco”, relató Miriam a los presentes.

Una vez fallecido, Mirian agregó que los dueños del lugar retiraron el cuerpo envuelto en una frazada y ellos mismos lo trasladaron hacia una morgue. “No era un chico violento, y lo encerraron como si fuera una persona terrorífica, sufrió palizas, así quedó demostrado en su autopsia, y hasta le habían fracturado la clavícula”, completó la mujer.

“No pido venganza, sólo quiero una sentencia ejemplificadora que marque un antes y un después”, cerró Miriam.

“Nos alertan y nos abren los ojos”

En la presentación del libro de Galfré, estuvieron presentes el Presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade; la diputada provincial, Lucía Portos; el Director de Prevención de Adicciones, Daniel Agostino; y el concejal Juan Pablo Roldán.

Todos coincidieron en que tras la investigación plasmada en el ejemplar “hay una responsabilidad del Estado” para generar políticas públicas que frenen los casos como el que atravesó y terminó con la vida de Saulo.

“Esto nos pone en alerta y nos abre los ojos ante estas instituciones que a veces no cumplen el rol que deberían cumplir”, destacó Trindade.

Mientras que la diputada Portos alertó: “Me animo a decir que en estas instituciones hay tortura, que es sistemática y por lo tanto hay una responsabilidad del Estado municipal, provincial y nacional”.

Finalmente, desde el área de Prevención de Adicciones, Agostino adelantó que en Pilar se comenzará a realizar un relevamiento para conocer la cantidad de instituciones terapéuticas que se desempeñan y cuál es la situación puntual de cada una.

“Estamos trabajando con el área de Fiscalizaciones Sanitarias de la provincia que es la que tiene la potestad de controlar, habilitar, sancionar o clausurar este tiempo de instituciones. También hemos avanzado con un acuerdo para poder tener comunicación directa y fluida para enterarnos cuando una institución pretende instalarse en el distrito”, resumió Agostino.