La muerte de la mujer trans Sofía Fernández en Pilar, encontrada muerte en un calabozo de la comisaría 5ta., catapultó una serie de reclamos en contra de la impunidad policial.

Uno de ellos se vio traducido en un proyecto del ley del diputado provincial Guillermo Kane, del PO-FITU, quien propone evitar mecanismos que sirven de encubrimiento e impunidad para los uniformados que cometen abusos y hechos de violencia.

El proyecto consiste en la derogación de toda normativa que otorgue el privilegio a la policía bonaerense, fuerzas de seguridad y de lugares de encierro a tener una defensa técnica-jurídica del Ministerio de Seguridad, explicó Kane.

En su lugar, se creará una comisión independiente del Estado, integrada por organismos de DDHH en coordinación con la Comisión Provincial por la Memoria.

La iniciativa fue presentada esta semana en la legislatura bonaerense, donde estuvieron presentes familiares de víctimas de abuso policial, incluso de Sofía Fernández, por cuyo caso hay 10 policías imputados, tres directamente vinculados al crimen de la mujer.

«El proyecto tiene que ver con eliminar un privilegio que hace que el Estado provincial esté poniendo equipos de abogados, de peritos, de otros profesionales, para defender a policías que están acusados de asesinato o de otros crímenes graves. En todo esto jugó un rol el caso de Sofía Fernández, asesinada en abril de 2023», explicó Kane en diálogo con el programa Agenda Propia (105.9).

Kane explicó que cuando un policía es imputado es asistido por «un equipo de abogados del Ministerio de Seguridad, porque así lo establece una resolución ministerial que se reinstaló en un acuerdo con el ex gobernador Daniel Scioli».

«Es un acuerdo de impunidad, y es un privilegio que tampoco gozan otros funcionarios. No es que si un docente, por ejemplo, por tomar cualquier caso, o un médico de un hospital público de la provincia tiene un problema legal, vienen los equipos de abogados de la provincia. Para nada. Es una particularidad de la policía, pero es una policía que está acusada de cientos de casos de gatillos fáciles. En la presentación, la Comisión Provincial para la Memoria volcó sus estadísticas que por ejemplo, en los últimos años, más de 900 personas han muerto a manos de la policía bonaerense, sea en casos de gatillo fácil o esta modalidad, que es más de un caso por mes, los que aparecen muertos en comisaría y se caratula como muerte dudosa, suicidio, muerte súbita, pero evidentemente hay todo un modus operandi de impunidad, de encubrimiento que se está haciendo. El proyecto busca justamente golpear esta política que tiene que ver con toda una política represiva», agregó el legislador.

Kane insistió en que el proyecto busca igualar a las partes, es decir víctimas y presuntos victimarios a la hora de acceder a herramientas para encontrar Justicia.

«No estamos para nada de acuerdo en este uso de los recursos públicos para encubrir y para impunidad, nos parece que hay que ponerlo en manifiesto», cerró Kane.

 

El caso de Sofía

Sofía, por causas que no quedan del todo claras, fue detenida en abril del año pasado, y alojada en un calabozo de la comisaría 5ta. de Presidente Derqui.

Durante varias horas sus familiares no supieron nada de ella, y más tarde efectivos policiales se acercaron a su casa y les informaron que la mujer, quien no tenía antecedentes penales, estaba detenida por haber participado de un presunto robo.

Más tarde, personal de Gendarmería volvió a ir hasta la casa y les dijo que Sofía había muerto. Primero adujeron causas naturales, y más tarde mencionaron un posible suicidio.

La autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima, no obstante, determinó que tenía goles en el rostro, costillas rotas, y elementos extraños como un trozo de colchón y de ropa interior en la garganta, lo que la terminó asfixiando.

Por el caso están imputados 10 efectivos, pero nueve de ellos están en libertad. La mayoría está señalado por encubrir en crimen, mientras que el uniformado que permanece aprehendido está señalado como el responsable material del asesinato.

Familiares de Sofía reclaman que todos los policías vuelvan a la cárcel y que la causa sea caratulada como crimen de odio.