El Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, advirtió que el Estado debe instrumentar una campaña de publicidad destinada a la “concientización de los daños que producen los vapeadores y los cigarrillos electrónicos”.

“En Estados Unidos, al 5 de noviembre de este año, se reportaron 39 muertes vinculadas a este tipo de consumo y 2051 casos de usuarios con lesiones pulmonares”, señalaron desde la Defensoría, en un comunicado.

Martello alertó que la creencia acerca de que los cigarrillos electrónicos o dispositivos similares (tales como el IQOS, un híbrido entre el vapeador y un producto de tabaco tradicional) resultan inocuos o de escaso impacto en la salud “es una idea que busca ser instalada por las propias tabacaleras, que a su vez son las que controlan gran parte del negocio”.

Desde la Defensoría hicieron referencia a un estudio de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (exSedronar), publicado en 2018, que revela que más del 60% de las personas que utilizan cigarrillos electrónicos en nuestro país lo hacen creyendo que sirve para dejar de fumar, pese a no existir evidencia científica que lo avale.

A su vez, el 50% de los usuarios más jóvenes no sabe si lo que están inhalando contiene o no nicotina y existe otro indicador que resulta por demás preocupante: el 82% de los jóvenes de hasta 17 años que vapea declara que lo hace “simplemente porque sí”.

Otra cuestión que no debe pasar desapercibida es el nivel de conocimiento/desconocimiento en cuanto a los compuestos que se inhalan con esta modalidad de consumo.

En ese sentido, 4 de cada 10 entrevistados (38,2%) por la exSedronar afirmó desconocer si el dispositivo contenía (o no) nicotina, siendo este valor levemente superior en mujeres respecto a hombres (40,2% y 36,3% respectivamente).

En tanto, los jóvenes de entre 12 y 17 años, expresan el porcentaje más alto de desconocimiento con el 50,3%.

Walter Martello, que se encuentra a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, remarcó que la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos en Argentina fue prohibida hace nueve años por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

La resolución de la ANMAT fue ratificada en 2016 y 2018. Pero los controles y la fiscalización, por parte del Estado nacional, son de nulo cumplimiento. “Prácticamente, los productos son de venta libre en distintos comercios minoristas y proliferan en los sitios de ventas on line, sin siquiera incluir leyendas sanitarias sobre los peligros que implican su uso”, explicó.

Proyectos

Existen varios proyectos para regular los cigarrillos electrónicos que fueron presentados tanto en el congreso nacional como en la Legislatura bonaerense, pero ninguno ha logrado avanzar.

Por ejemplo, una iniciativa planteada por el actual oficialismo en mayo de 2018 (incluye a los vapeadores dentro de la normativa regulatoria de aspectos relativos al consumo, comercialización, publicidad, patrocinio, promoción, exhibición, distribución y entrega de productos elaborados con tabaco y sus derivados) se encuentra hace un año y medio en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados provincial sin poder recibir despacho favorable.

El proyecto en cuestión equipara, dentro del marco normativo bonaerense, el vapeo con el consumo tradicional de cigarrillos, prohibiendo que sean utilizados en edificios públicos, establecimientos comerciales de uso público con ambientes cerrados; medios de transportes, bares, restaurantes, café y lugares de trabajo.