El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, expresaron su «enérgico» rechazo al proyecto de Ley presentado en el Congreso Nacional por el Diputado del Frente de Todos, Facundo Moyano, que pretende estatizar los accesos norte y oeste de la Panamericana.
La propuesta establece la creación de una empresa mixta - denominada Autopistas Metropolitanas S. A. (AUMET) - con una mayoritaria participación estatal para hacerse cargos de ambos accesos que opera el grupo privado español Abertis hasta el año 2030.
«El paquete mayoritario estaría en manos de los Ministerios de Obras Públicas y de Transporte con el 35 % de las acciones cada uno, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con un 13 %, el gremio del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) con un 7 %, y el 10 % un operador privado», repasaron desde el Comité.
Y en ese marco rechazaron que «el proyecto del Diputado Moyano no estatiza, sino por el contrario, privatiza el 10 % y pretende incorporar más actores en la fabulosa recaudación en concepto de peaje, es decir hacer caja, reeditando la nefasta iniciativa original de la creación de la Empresa Corredores Viales S. A. para quitarle funciones a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)».
Además agregaron que «la nueva sociedad AUMET realizaría actividades similares a las que hace la Empresa Corredores Viales S. A. que tiene a su cargo la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas y las demás rutas nacionales concesionadas por peaje (excepto Corredor Vial Nº 18 y Puente Rosario-Victoria)»
«Se daría un hecho de enorme insensatez contar con dos presuntas empresas estatales de órbita nacional y de similares características, encargándose de tres de los cuatro Accesos a la Capital Federal, es decir AUMET accesos Norte y Oeste, y Corredores Viales S. A. con la Autopista Ricchieri-Ezeiza-Cañuelas».
En ese sentido, desde el Comité expresaron que «no es necesaria la creación de otra Sociedad Anónima» y agregaron que por el contrario «debería derogarse el Decreto 794/2017, ya que existe un órgano estatal como la emblemática Dirección Nacional de Vialidad (DNV) con casi 90 años de existencia, y que debe ser el verdadero Organismo Rector de toda la política vial del país».
