Rechazan pedido de Ducoté para suspender el juicio en su contra
Se lo acusa, junto a otros exfuncionarios de Pilar, de malversar fondos públicos de obra pública y microcréditos.
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa de Nicolás Ducoté, exintendente de Pilar, que buscaba suspender el juicio oral que se le sigue desde el 3 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín. El tribunal consideró inoficioso tratar la queja porque el debate ya estaba en marcha.
Ducoté es juzgado junto a otros nueve exfuncionarios por malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público. La causa investiga el manejo irregular de fondos que la Nación giró al municipio de Pilar entre 2016 y 2019, a través de tres convenios firmados con el entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Uno de esos acuerdos correspondió al programa de microcréditos; los otros dos, a obras de infraestructura en barrios pilarenses.
Qué pedía la defensa
Antes de que arrancara el debate, los abogados de Ducoté habían solicitado postergar el proceso hasta que concluyera una pericia contable vinculada puntualmente al convenio de microcréditos. El Tribunal Oral Federal 1 rechazó ese pedido, al igual que un planteo de nulidad por presunta afectación del derecho de defensa. Los jueces sostuvieron que no se acreditaron afectaciones constitucionales ni riesgos concretos para el debido proceso, consignó Ámbito.
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El camino hasta el juicio oral
La causa se inició en 2019 por una denuncia impulsada por ediles y dirigentes del Frente Pilarense por administración fraudulenta. En 2021, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a Ducoté y a otros nueve exfuncionarios y empresarios, resolución que confirmó la Cámara Federal de San Martín. La Corte Suprema rechazó después la apelación de la defensa, lo que dejó firme la elevación a juicio oral.
Cómo sigue el proceso
Con el rechazo de Casación, el debate continúa sin interrupciones. La próxima audiencia será bajo modalidad virtual, en la etapa de declaraciones indagatorias de los diez imputados. La causa investiga en conjunto los tres convenios de 2016, por un monto que supera los $460 millones.
