La concejal del PRO Adriana Cáceres propuso que las personas que sean deudoras alimentarias no puedan ser empleadas municipales.

Actualmente, mediante una ley provincial a la que Pilar adhirió mediante una Ordenanza, la medida ya rige para funcionarios, pero la idea de Cáceres es extenderla al resto del plantel de la Comuna.

En el proyecto, Cáceres expuso que «corresponde en la actualidad ampliar la protección de las mujeres en cuanto a todo tipo de violencias» y que «ante una separación o divorcio en la mayoría de los casos recaen sobre las mujeres las tareas de cuidado de los hijos y en múltiples ocasiones, debiendo estas renunciar a sus proyectos individuales de vida para limitarse principalmente a las tareas de cuidado».

«Según el Código Civil y Comercial de la Nación, la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos no solo a nivel alimentario sino también a las necesidades de educación, vestimenta, habitación, asistencia médica y esparcimiento; de modo de garantizar una adecuada calidad de vida equivalente a la que tendría en un núcleo familiar consolidado. Es frecuente que haya incumplimientos en cuanto a la obligación de mantención y el pago de una cuota alimentaria y dicha situación se puede considerar como un contexto de violencia económica», agregó la edil en los considerandos del proyecto.

Cáceres recordó que «existe en la órbita de la provincia de Buenos Aires el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, establecido por la ley 13.074, que además determina limitaciones para personas que se encuentren en dicho registro y que mediante la ordenanza 179/04 se adhirió a en todos sus términos a la ley 13.074 y se determinó la inhabilitación para ejercer como funcionarios a aquellas personas que figurasen en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos».

No obstante, la legisladora local expuso que «es necesario ampliar esa inhabilitación para que ningún empleado bajo la órbita del Estado Municipal pueda estar incluido en dicho registro, considerando que se busca como objetivo último la erradicación de la violencia económica y patrimonial contra las mujeres y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes».

En ese marco, Cáceres propone «ampliar la prohibición de designación en el ámbito de la gestión pública municipal, establecida en el artículo 1 de la ordenanza 179/04, a toda persona que se encuentre incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, independiente de que sea en planta temporaria o permanente, remunerada o ad-honorem».

La propuesta también establece «para aquellos (empleados) que actualmente estén incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, un plazo máximo de 180 días para regularizar su situación».