Privatización de AySA: juez ordena mantener obras e infraestructura
La Defensoría del Pueblo bonaerense logró una cautelar para asegurar el servicio en 26 distritos del AMBA.
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El Juzgado Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata dictó una medida cautelar de no innovar que obliga a AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) a no modificar, limitar ni desnaturalizar sus obligaciones operativas y de infraestructura en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.
El fallo fue dictado por el juez Mariano López a partir de una acción preventiva de daños iniciada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino. Pilar integra la lista de los 26 municipios del conurbano bonaerense directamente alcanzados por la resolución, entre ellos Pilar.
Marco contractual
En mayo de 2026, el ministro de Economía Luis Caputo publicó en el Boletín Oficial los pliegos para vender el 90% del paquete accionario de AySA, encargada de servicios de agua y cloacas en el AMBA, a un operador estratégico privado, en el marco de la Resolución 704/26. El esquema prevé una concesión por 30 años con opción de prórroga de una década adicional.
El Ejecutivo estimó una recaudación de alrededor de US$ 500 millones destinados al pago de deuda soberana.
Pasivos ambientales sin contemplar
La Defensoría del Pueblo bonaerense, según pudo saber Pilar de Todos, advirtió que el proceso no contempla "elementos básicos que garanticen el acceso al agua" y desconoce la existencia de "pasivos ambientales en territorio bonaerense".
El organismo solicitó la intervención judicial para detener cualquier acto que alterara las exigencias vigentes respecto de inversiones, mantenimiento, expansión, saneamiento y continuidad del servicio esencial.
Reducción de exigencias y postergación de obras
El juez López determinó que el nuevo esquema contractual tiende a reducir las exigencias regulatorias y a postergar obras críticas, sin incorporar mecanismos suficientes de prevención y recomposición ambiental. En consecuencia, ordenó a AySA abstenerse de cualquier acción que modifique sus obligaciones respecto del agua potable, la salud pública y el ambiente sano. La restricción rige hasta que se realice una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional.
Expediente a la justicia federal
López se declaró incompetente para resolver el fondo del litigio por tratarse de materia federal y remitió las actuaciones a la Cámara Federal de La Plata.
Dictó la medida de no innovar de manera excepcional ante lo que consideró una situación de emergencia, con el fin de prevenir un daño inminente sobre los recursos hídricos de la provincia.
