La Cámara Nacional Electoral (CNE) ratificó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla, que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio- desarrolló en territorio bonaerense para las PASO de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
El máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional”.
Además, la CNE ratificó que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.
La jefa de bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, compartió parte de la resolución a través de su cuenta de Twitter, donde recordó que en 2018 había presentado una denuncia penal contra María Eugenia Vidal “para que se investigue la posible comisión de delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad”.
En esa línea, celebró la resolución de la CNE y resaltó el dato de que “el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes los DNI no se correspondían”.
García concluyó, con ironía, apuntando al procurador general de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand: “Por más artilugios legales y la ayuda del ‘abuelito de Heidi’ Conte-Grand, la Justicia llegó y dijo culpable”.
El fallo ratificado
En febrero de 2022, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
En esa causa, la Justicia investigó si el entonces gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña electoral que Cambiemos realizó en la provincia de Buenos Aires para las listas de candidatos diputados nacionales, que encabezaba Graciela Ocaña, y el binomio de postulantes a Senadores que integraban Esteban Bullrich y Gladys González.
El caso se conoció por una nota periodística difunda en 2018, en la que se reveló que unas 205 personas de bajos ingresos y que recibían planes sociales figuraban como donantes de fondos de la campaña para la entonces coalición gobernante.
Esas personas -llegaron a detectarse a miles- figuraban como afiliados al PRO que habían realizado aportes millonarios mediante pequeñas donaciones de entre $ 350 y $ 1.500.
En el fallo, Ramos Padilla afirmó que el cuerpo de auditores contadores de la CNE determinó que la información suministrada por Cambiemos sobre los ingresos públicos para aquella campaña “no coincidía” con la aportada por la Dirección Nacional Electoral.
A la vez, el magistrado remarcó que de acuerdo a los peritajes, el 95% de los aportes privados fueron en efectivo y detalló que cuando los peritos cruzaron datos de los supuestos donantes con el Registro Nacional de Electores, “los DNI no se correspondían”.
También se detectó que 40 aportantes “podrían estar encuadrados en alguna de las prohibiciones establecidas por la normativa vigente por existir elementos que los vinculan con empresas concesionarias o contratistas de servicios u obras públicas o proveedores de la Nación o la provincia; o bien por superar los topes establecidos”.
Paralelamente, se detectaron 209 personas “que pese a haber realizado considerables donaciones de dinero, percibían algún plan o beneficio de Anses” y en el expediente se graficó que había aportantes que presuntamente donaron 20 mil pesos, pero percibían el Programa Hogar (para la compra de garrafas sociales), o aportaron 17 mil pesos y cobraban la Asignación Universal por Hijo (AUH).
La Justicia Electoral también tuvo en cuenta que “muchas de las personas declaradas en el informe” de Cambiemos “rechazan haber realizado el aporte informado”.
La denominada causa de los “aportantes truchos” fue uno de los más resonantes escándalos políticos durante las gestiones del expresidente Mauricio Macri y Vidal, quien por entonces además de gobernadora era la presidenta del PRO en territorio bonaerense. (DIB)
