Kicillof calificó de “infamia” el fallo de la Corte que habilita la venta de tierras a extranjeros
El mandatario bonaerense cuestionó la decisión del máximo tribunal de validar un artículo del DNU de Javier Milei que elimina las restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de capitales foráneos.
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El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó duramente este miércoles el fallo de la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal revocó una cautelar que, en la práctica, elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros al poner nuevamente en vigencia un artículo del megadecreto dictado por el presidente Javier Milei en 2023.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el gobernador tituló la resolución judicial como el fallo de la “infamia” y sostuvo:
“La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, disparó Kicillof.
El mandatario recordó la movilización realizada el 6 de agosto frente al Congreso en rechazo al proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que buscaba modificar la Ley de Tierras. Aquella iniciativa debió ser retirada por el Gobierno ante la falta de votos en el Senado.
“Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial. Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”, afirmó Axel Kicillof. El fallo del máximo tribunal dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, que quita las restricciones específicas para la adquisición de campos por parte de extranjeros.
El gobernador también cuestionó la postura del presidente Javier Milei y señaló: “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.
El artículo en cuestión había sido frenado originalmente por una presentación de inconstitucionalidad realizada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los excombatientes argumentaron su legitimidad como defensores de la soberanía nacional, pero ese planteo fue rechazado por la Corte Suprema, que advirtió a los tribunales inferiores sobre la capacidad de iniciar acciones colectivas a actores sin representatividad.
