La concejal Jésica Bortule, de Juntos por el Cambio, se mostró convencida de que la Justicia finalmente determinará que no hubo hechos de corrupción en tres causas que se le siguen al exintendente Nicolás Ducoté y a una veintena de exfuncionarios locales y nacionales.

Ducoté fue indagado por la Justicia Federal de Zárate Campana, en el marco de la investigación que se sustancian sobre tres expedientes.

Dos de ellos tienen que ver con el pago de sobreprecios en obra pública en Monterrey (Derqui), o directamente por labores que jamás se llevaron a cabo pese a que sí se abonaron, como se trata de averiguar en el caso de una planta depuradora que debía erigirse en Peruzzotti.

El tercer caso busca determinar si hubo entrega fraudulenta de microcréditos a vecinos de Pilar, por unos 285 millones de pesos, dineros que, según la denuncia en su momento del Frente de Todos, eran direccionados con fines electorales.

Por medio de un comunicado, Ducoté rechazó todas las acusaciones, defendió su gestión de gobierno, aunque poco ahondó sobre las causas en particular.

Aseguró que se trata de una maniobra del actual gobierno para “ensuciar” su imagen política y perjudicarlo electoralmente.

La edil Bortule, en tanto, justificó el contenido del comunicado de Ducoté, al señalar que si no hizo mención con más profundidad a las acusaciones fue porque se trató de un mensaje enviado a sus seguidores y voluntarios.

Además, Bortule destacó que Ducoté siempre estuvo a disposición de la Justicia, ya que si bien el exjefe comunal tenía un viaje previsto para Madrid, España, este fue cancelado. Aunque, no obstante, podría haber declarado vía Zoom.

“Se generaron  alrededor de la declaración (de Ducoté) versiones si estaba (en el país), si le estaba escapando a la justica, y con esto queda claro que su intención fue siempre responder. Y con este comunicado lo que hace Nicolás es rechazar las acusaciones y justificar lo que se hizo en su gestión”, sostuvo Bortule en diálogo con el programa Agenda Propia (FM 105.9).

“El comunicado es más que nada un mensaje para los vecinos, que en estos días nos estuvieron preguntando mucho sobre esto. Es un mensaje más concreto al vecino que confía y que de repente tiene dudas y no había una comunicación oficial por parte de Nicolás. Fue una primera instancia de comunicación, es la primera vez que hace desde que dejó la intendencia, y el resto lo declaró ante la Justicia. Sentíamos que era una respuesta que le teníamos que dar al voluntariado”, agregó.

Bortule se mostró confiada en que la Justicia finalmente determinará que no hubo hechos de corrupción, aunque deslizó posibles intenciones políticas al coincidir el llamado a indagatoria con el proceso de cierre de listas.

“Confío plenamente en él (por Ducoté), y esta instancia de la declaración iba a llegar. Es cuestión de tiempo para que todo esto se termine aclarando. Llama al atención que días antes del cierre de listas y alianzas se llame a indagatoria, pero yo creo en la Justicia”, cerró.

Las causas

Los hechos que investiga la Justicia son tres. Uno tiene que ver con la entrega de microcréditos destinados a familias carenciadas, dineros que se usaban para refacciones en viviendas y debían ser devueltos en 60 cuotas.

Mientras que los otros dos expedientes buscan determinar si hubo irregularidades en el pago de obra pública que no se ejecutó, como el caso de una planta cloacal en Peruzzotti, o una serie de mejoras que se encararon, por 120 millones de pesos, en el barrio Monterrey, de Derqui.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, emitió 3 dictámenes donde, como conclusión, establece que existió un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del Estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea” lo que, siempre según la PIA, “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.

En el caso de los microcréditos, la PIA dictaminó que la entrega de esos dineros, que abarcaron a unos 20 mil beneficiarios, se hicieron sin los controles correspondientes y sin toda la documentación respaldatoria.

La otra causa busca determinar si hubo hechos de corrupción en la ejecución de obras en el barrio Monterrey, de Derqui, por un monto original de 145 millones de pesos, que luego quedó en 120 millones.

El plan buscaba renovar calles, luminarias, construir plazas y redes de agua potable y cloacas.

Allí, las obras no se habrían ejecutado en tiempo y forma, pese a que los pagos sí se emitieron.

En tercer lugar, la Justicia investiga el pago por una planta cloacal modular para el barrio Peruzzotti. Al conocer el proyecto, los vecinos del barrio se opusieron a la obra, por cuestiones ambientales, y las labores fueron modificadas.

Sin embargo, según se desprende de los expedientes y la denuncia del Frente de Todos, la Comuna habría pagado por la compra de esa planta pero también por su instalación final (pese a que no se terminó de concretar) poco más de 14 millones de pesos.

“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires, fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria”, concluyó la PIA.

Es más, para el Procurador “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero», reza el documento, que añade que los tres expedientes «conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.