Inversiones: el Municipio lanza plan para prevenir el lavado de dinero
La norma habilita al Ejecutivo a frenar habilitaciones a empresas vinculadas a investigados por narcotráfico.
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El Concejo Deliberante de Pilar aprobó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo que busca evitar que fondos vinculados al narcotráfico se incorporen a inversiones, emprendimientos o actividades comerciales que requieran algún tipo de intervención, autorización o control municipal.
La iniciativa fue aprobada en la última sesión del Concejo con 18 votos afirmativos, del oficialismo y bancadas independientes. Votaron en contra los cuatro ediles de La Libertad Avanza que estaban presentes—María Ratti Repetto, Andrés Genna, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas Onganía— mientras que Analía Leguizamón y Sebastián Neuspiller, también de la oposición, estuvieron ausentes.
Declaración jurada y beneficiario final
La norma a la que tuvo acceso Pilar de Todos establece que, en los casos que determine la reglamentación, quienes soliciten autorizaciones, habilitaciones o permisos municipales vinculados a inversiones o emprendimientos deberán presentar una "declaración jurada de origen lícito de fondos y la inexistencia de impedimentos establecidos por la presente ordenanza".
Esa declaración podrá incluir la "identificación del titular de la inversión u operación", el "monto de la inversión", el "origen declarado de los fondos" y, cuando corresponda, la "identificación del beneficiario final" en caso de que intervengan "sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas".
El texto aprobado también habilita "controles reforzados" para operaciones que presenten "inversiones de gran magnitud", "grandes desarrollos inmobiliarios", "fideicomisos inmobiliarios", "estructuras societarias complejas", "dificultades para identificar el beneficiario final" o "inconsistencia entre la actividad declarada y el volumen de la inversión".
Restricciones a investigados por narcotráfico
Uno de los puntos centrales de la ordenanza es que el Departamento Ejecutivo "no autorizará inversiones, emprendimientos, desarrollos, habilitaciones, permisos o autorizaciones municipales a personas físicas y/o jurídicas que se encuentren investigadas y/o procesadas por delitos vinculados al narcotráfico mientras subsista dicha situación procesal o judicial". La norma aclara que esa restricción "tendrá carácter preventivo y administrativo".
Alcanza también a personas jurídicas cuando el investigado "sea beneficiaria final", "ejerza directa o indirectamente el control efectivo de la sociedad" o "actúe como administrador, representante, director, socio, controlante o figura equivalente" con incidencia real sobre la inversión.
El texto aclara expresamente que "la autoridad municipal no podrá atribuir responsabilidad penal ni determinar por sí misma la existencia de un delito": la existencia de una causa judicial deberá acreditarse siempre "mediante información proveniente de fuentes oficiales, organismos competentes o autoridades judiciales".
Incumplimientos y sanciones
Ante el incumplimiento, el Municipio podrá aplicar "intimación para subsanar", "suspensión del trámite", "rechazo de la solicitud", "revocación o caducidad de permisos o habilitaciones" o las sanciones previstas en la normativa municipal vigente.
La norma define que "la presentación de información falsa, documentación adulterada u ocultamiento deliberado de información relevante" será considerada "incumplimiento grave", sin perjuicio de las acciones civiles o penales que puedan corresponder.
El edificio del exvacunatorio del Km 46
El proyecto se da en un contexto marcado por la polémica en torno al edificio del exvacunatorio del kilómetro 46 de la Panamericana, que había sido cedido al Municipio y funcionó como centro de vacunación y sede de Licencias de Conducir hasta que, en marzo de 2025, la Justicia Federal ordenó restituirlo a su propietario original, el fondo Pilar Bicentenario, del abogado pilarense Mateo Corvo Dolcet, investigado por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Semanas atrás, la difusión de imágenes del predio abandonado y vandalizado reavivó el debate sobre ese inmueble.
Es que por decisión de la Legislatura bonaerense se cedió el uso a la Comuna, donde la gestión local, durante la pandemia, montó un vacunatorio Covid, un centro de testeo y más tarde el área de Licencias de Conducir.
No obstante, al más tarde registrarse el desalojo, la Comuna expuso que no tuvo tiempo de retirar vacunas que allí se encontraban, además de otros elementos como delantales, barbijos, camillas, y documentación como los carnets de conducir.
“No vamos ni a ceder ni a retroceder ante ninguna presión, ninguna operación, ni programa de televisión, ni a dar lugar que se intenten instalar en Pilar fondos provenientes del lavado de narcotráfico. Esta norma es clara y sencilla, establece que ninguna persona física o jurídica que esté investigada, sospechada de narcotráfico, lavado de dinero del narcotráfico, pueda hacer inversión en todo el ámbito del partido de Pilar”, expuso en la sesión el edil Silvio Rodríguez, titular de la bancada oficialista.
Desde el lado de LLA, Repetto y Genna apuntaron a que por el desalojo se perdieron vacunas y otros insumos, al tiempo que este último manifestó que la Comuna aprobó el proyecto inmobiliario de Dolcet en 2011. No obstante, la investigación se concretó mucho más tarde, en 2017, mismo año en que el legislativo anuló las ordenanzas que autorizaban el emprendimiento investigado, a instancias del Frente Pilarense, integrado en su momento por referentes del actual gobierno local.
"Dejamos constancia mediante fotos y videos del estado en el que se encontraban el vacunatorio y las dependencias de Licencias de Conducir. Desde el 13 de marzo de 2025, fecha en la que intervino la Justicia, el Municipio dejó de tener la custodia y guarda del lugar", señaló la Comuna días atrás en una publicación difundida la red social X, donde se mostraba el momento en el que Prefectura llevaba a cabo el desalojo.
