Extranjeros que inciten odio contra argentinos podrán ser expulsados
El DNU 681/2026 modifica la Ley 25.871 y suma el ultraje a los símbolos patrios como nueva causal migratoria.
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El Gobierno nacional oficializó el DNU 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones N° 25.871 para habilitar el rechazo de ingreso o la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio contra los argentinos, según difundió este jueves la cuenta de Presidencia en la red social X.
La cuenta oficial precisó que Javier Milei "ha firmado un Decreto de Necesidad y Urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios".
La medida llega en medio de una serie de agresiones registradas en redes sociales, vinculadas sobre todo al reciente Mundial de la FIFA.
Qué cambia en la ley
El decreto suma esos supuestos tanto entre los impedimentos para ingresar al país como entre las causales de cancelación de residencia. A partir de su vigencia, no podrán ingresar ni permanecer en la Argentina quienes hayan emitido mensajes de odio, incitado a la violencia contra el pueblo argentino por razones de nacionalidad o participado en actos de ultraje a los símbolos patrios.
La norma también modifica el artículo 63 de la ley: cuando la residencia se cancele por estos motivos, la autoridad migratoria podrá intimar al extranjero a abandonar el país en el plazo que se determine, o disponer directamente su expulsión, según las circunstancias de cada caso.
La postura del Ejecutivo
Desde Presidencia remarcaron: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
En los fundamentos, el Poder Ejecutivo reconoce la tradición histórica de apertura hacia los inmigrantes, pero sostiene que el Estado conserva la potestad de fijar las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros para proteger el orden público y la seguridad interior.
El texto oficial señala además que en el último tiempo creció la cantidad de mensajes de odio y hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que —según el Gobierno—“justifica reforzar las herramientas legales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de quienes incurran en esas conductas”.
La excepción para la crítica política
El decreto aclara expresamente que las nuevas restricciones no alcanzan al disenso ideológico ni a la crítica política, académica o ciudadana, siempre que constituyan un ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.
El Ejecutivo invoca como respaldo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que admite límites frente a la apología del odio y la incitación a la violencia.
