Con más testigos, sigue el juicio por presuntos casos de corrupción en el gobierno de Cambiemos
En una nueva audiencia declararon un ex miembro de Sudamericana de Aguas y diferentes integrantes de la Fuerza que formaron parte de procedimientos en dependencias comunales.
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En el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín se continúa desarrollando el juicio oral contra el exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y otras nueve personas, acusados de malversación de fondos públicos en el presunto manejo irregular de dineros que la Nación giró al Municipio entre 2016 y 2019.
Se trata de obra pública que se pagó y que se cree no se ejecutó en tiempo y forma, además del presunto reparto irregular de microcréditos.
En ese marco este pasado martes se llevó adelante una nueva audiencia en la que seis testigos fueron citados para responder las preguntas ante el Tribunal, todas ellas relacionada con la investigación sobre la construcción de una planta depuradora cloacal en el barrio Peruzzotti, obra que jamás se concretó.
Cabe señalar que, en audiencias posteriores se abordarán las causas por las obras de urbanización aparentemente inconclusas en el barrio Monterrey, en Derqui, y el plan de entrega de microcréditos para el mejoramiento de viviendas.
En concreto, se sentaron ante el Tribunal, un ex miembro de la empresa Sudamericana de Aguas, cuatro integrantes de la fuerza policial que participaron de diferentes diligencias y un empelado municipal que fue testigo de las mismas.
El primero en declarar fue José Luis Strauss; quien al momento de los hechos que se investigan se desempeñaba como gerente de servicios de la empresa Sudamericana de Aguas.
Sudamericana, encargada del servicio de agua y cloacas en Pilar al momento de la ejecución de las obras, fue contratada por la firma Tordel S.A., compañía que ganó la licitación para erigir la planta depuradora de líquidos cloacales que, según la denuncia de la por entonces edil Paula González, se pagó pero no se instaló.
Pero a su vez, Sudamericana subcontrató a otra empresa, Ferraro SRL, para la construcción de la planta móvil, al tiempo que la concesionaria se hizo cargo del diseño técnico.
Según lo que se desprende de las primeras audiencias, los testigos señalaron que la planta estuvo en poder de la firma Ferraro incluso hasta después de emitidos certificados de obra por parte del gobierno local de aquel entonces, donde se señalaba que la obra tenía un 99% de avance.
Frente al tribunal, Strauss reconoció su firma en un remito en el que se daba cuenta de la entrega de la planta depuradora a la empresa Tordel S.A.
“Yo no tenía poder de decisión. Me han mandado a entregar la planta y firmar el remito. La planta se componía de una caja metálica, con dispositivos, compartimentos y elementos periféricos”, respondió ante la pregunta del Fiscal General, Marelo García Berro.
Asimismo, precisó que “la planta estaba en poder de Ferraro, necesitaban que sea retirada, pero había problemas con los pagos”, y agregó que, tras ser retirada, la planta fue llevada “a un corralón de la Municipalidad” para que “cuando esté listo el lugar para emplazarla, llevarla definitivamente ahí”.
En la jornada del 9 de septiembre, ya habían declarado también como testigos el titular de Ferraro y Asociados SRL, Silvio Ferraro, quien había señalado que la planta permaneció en su taller “hasta fines de 2018 o principios de 2019”, ya que Sudamericana de Aguas no le había cancelado el pago en su totalidad. A su vez, esta última empresa no recibió el pago por parte de Tordel, siendo esta empresa la que está en la mira de la Justicia.
Además, Ferraro expuso que le dijeron que aún no se ejecutaba la entrega porque el Municipio había decidido mudar el módulo de lugar, debido a la negativa de vecinos a que se emplace en el barrio. Un remito incorporado al expediente señala que la planta se retiró en mayo de 2019.
También el 9 de septiembre, Ariel Zitelli, presidente de Sudamericana de Aguas, y el ingeniero Hernán Beé, de la misma firma, coincidieron en que el módulo todavía se encontraba en los talleres de Ferraro en la misma fecha en que ya se había certificado casi la totalidad de la obra, pese a que la planta jamás se instaló.
“La planta todavía no había sido retirada del taller de Ferraro”, expuso Zitelli en esa audiencia, cuando le mostraron un certificado que decía que la obra tenía un avance del 99%, fechado en febrero de 2018.
Más testigos
Otro de los testigos que declaró en esta nueva audiencia fue Santiago Martín Ybarra, miembro de la Policía Federal y uno de los efectivos que realizó tareas encomendadas por el Juzgado Federal de Campana.
Junto a profesionales e ingenieros debían realizar “un relevamiento sobre las obras”.
Aunque dijo no recordar mayores datos destacó: “Debíamos corroborar obras de red cloacal. Nos habían dado algún lugar donde debería haber una planta, pero tengo un vago recuerdo de que no estaría donde debería”, completó en su declaración.
En el mismo sentido fue convocado Aldo Álamo que se desempeñaba en el Departamento de anticorrupción en la Policía. Detalló su participación ante el pedido de un relevamiento de mejoras en barrio Peruzzotti, aunque dijo no recordar detalles de la planta depuradora.
El siguiente testigo fue Miguel Ángel Liberé, un trabajador municipal que había sido convocado como testigo durante el procedimiento que efectivos de la PFA realizaron en el obrador de Ruta 8 y la calle Bataglia.
También declararon en la última audiencia Nicolas Bericelli – quien supo ser custodio personal del ex intendente Nicolas Ducoté – y por último Gabriela Barrera, también miembro de la Fuerza que tuvo participación en diferentes procedimientos.
La próxima audiencia será el 29 de septiembre a partir de las 13.30 horas.
Diez acusados, entre exfuncionarios y empresarios
Además de Ducoté, están siendo investigados el exjefe de Gabinete Juan Pablo Martignone; el exsecretario de Obras Públicas Guillermo Horacio Iglesias; la exsubsecretaria de Obras Públicas Sandra Edith Sosa; el exdirector general de Calles y Red Vial Osvaldo Nicolás Caccaviello; Federico Iván Leonhardt, presidente de Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A.; Norberto Fabián Giulianelli, representante técnico de esa firma; y Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, representantes legales de la UTE Vialme S.A.
