Causa ANDIS: Spagnuolo se negó a declarar y esperan pericia de audios
El ex titular de la ANDIS condicionó su declaración. Hay 29 imputados más convocados a indagatoria.
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Treinta personas enfrentaron este martes sus indagatorias en la causa que investiga una presunta red de corrupción en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien reside en un barrio cerrado de Pilar, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 pero se negó a responder las preguntas de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, consignó la agencia N/A.
La estrategia de la defensa quedó expuesta durante la mañana: Spagnuolo no abrirá la boca hasta que la Justicia realice una pericia técnica sobre los audios que precipitaron su salida de la Agencia.
En esos audios, una voz atribuida a Spagnuolo describe un entramado de sobreprecios en la compra de medicamentos, maniobra que tendría por objeto el desviar parte de esos fondos a funcionarios del gobierno nacional cercanos al Presidente Javier Milei.
Según su entorno, la presunta "falsedad de los audios" podría contaminar toda la investigación. Los demás imputados que pidieron la nulidad de la causa sostienen el mismo argumento.
Quiénes más están en el banquillo
Entre las otras 29 personas convocadas a indagatoria se destacan Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías. La causa involucra además a más de 20 empresarios que, según la pesquisa, habrían integrado la misma estructura.
También está mencionada en la causa la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.
Los $75.000 millones y la palabra del juez
El monto bajo investigación es concreto: más de $75.000 millones salieron del erario público y habrían tenido como destino final un reducido grupo empresarial. Spagnuolo ya fue procesado por cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El juez Ariel Lijo, cuya intervención se alineó con el planteo del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que la organización "habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero" para sus integrantes "de manera ilegal" y "en detrimento del erario público".
Recupero de activos, el próximo frente
El magistrado también abrió un frente patrimonial. Según su resolución, "las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado".
