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    Avanza el juicio por presunta corrupción durante el gobierno de Cambiemos

    El Tribunal Oral Federal N°1 juzga a diez acusados por el presunto pago de obra pública que no se ejecutó.

    9 de septiembre de 2026 | 20:56
    Ducoté y varios de sus exfuncionarios son investigados por presuntos hechos de corrupción.
    Ducoté y varios de sus exfuncionarios son investigados por presuntos hechos de corrupción.

    El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín continúa el juicio oral contra el exintendente de Pilar Nicolás Ducoté y otras nueve personas, acusados de malversación de fondos públicos en el presunto manejo irregular de dineros que la Nación giró al Municipio entre 2016 y 2019.

    La investigación, impulsada originalmente por la exconcejal Paula González, actual secretaria de Desarrollo Humano de Pilar, puso el foco en tres convenios celebrados con Nación en 2016: la construcción de una planta de tratamiento cloacal en el barrio Peruzzotti, obras de urbanización en el barrio Monterrey, en Derqui, y un programa de entrega de microcréditos para el mejoramiento de viviendas. Según la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el perjuicio que se habría causado al erario nacional sería de $460.829.737.

    En su testimonio ante el Tribunal la semana pasada, González explicó que el origen de la causa se remonta a su revisión de la rendición de cuentas del ejercicio 2018, donde detectó pagos correspondientes a la planta depuradora de Peruzzotti pese a que la obra, según pudo constatar, nunca había sido emplazada en el barrio.

    Testimonios

    La ejecución de esa obra quedó en manos de la firma Tordel S.A., que a su vez subcontrató a Sudamericana de Aguas para el diseño y construcción de la planta, ya que la firma en aquellos años era la encargada del servicio de agua y cloacas en Pilar.

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      Pero a su vez, Sudamericana decidió comprar la planta a otra empresa, Ferraro y Asociados, compañía dedicada a la construcción justamente de plantas depuradoras, tanto modulares o móviles como de hormigón, cuya fábrica se ubica en cercanías al Parque Industrial de Pilar.

      En ese contexto, declararon los representantes de las empresas subcontratadas para la construcción del módulo. Silvio Ferraro, titular de Ferraro y Asociados SRL, señaló que la planta permaneció en su taller “ hasta fines de 2018 o principios de 2019” porque Sudamericana de Aguas no le había cancelado el pago en su totalidad. Además, expuso que le dijeron que aún no se ejecutaba la entrega porque el Municipio había decidido mudarla de lugar, debido a la negativa de vecinos a que se emplace en el barrio. Un remito incorporado al expediente señala que la planta se retiró en mayo de 2019.

      En tanto, Ariel Zitelli, presidente de Sudamericana de Aguas, y el ingeniero Hernán Beé, de la misma firma, coincidieron en que el módulo todavía se encontraba en los talleres de Ferraro en la misma fecha en que ya se habían certificado avances de obra del 99%.

      “La planta todavía no había sido retirada del taller de Ferraro”, expuso Zitelli en la audiencia a la que tuvo acceso Pilar de Todos, cuando le mostraron un certificado que decía que la obra tenía un avance del 99%, fechado en febrero de 2018.

      Diez acusados, entre exfuncionarios y empresarios

      Además de Ducoté, están siendo investigados el exjefe de Gabinete Juan Pablo Martignone; el exsecretario de Obras Públicas Guillermo Horacio Iglesias; la exsubsecretaria de Obras Públicas Sandra Edith Sosa; el exdirector general de Calles y Red Vial Osvaldo Nicolás Caccaviello; Federico Iván Leonhardt, presidente de Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel S.A.; Norberto Fabián Giulianelli, representante técnico de esa firma; y Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, representantes legales de la UTE Vialme S.A.

      El debate

      El juicio oral comenzó formalmente el 3 de agosto pasado, con la etapa de declaraciones indagatorias, en la que Ducoté se negó a declarar. Antes del inicio, la defensa del exintendente había pedido suspender el proceso hasta que concluyeran una serie de pericias contables vinculadas al programa de microcréditos, pedido que fue rechazado tanto por el TOF N°1 como, posteriormente, por la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró la presentación "inoficiosa" al entender que el debate ya estaba en marcha.

      El tribunal continuará con la producción de prueba testimonial en la próxima audiencia, fijada para el 22 de septiembre.

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