Vuelven a marchar para pedir justicia por el asesinato de Sofía Fernández

En las próximas semanas se concretará una nueva marcha en pedido de justicia por el asesinato de Sofía Fernández.

Será el martes 8 de octubre a las 11 y 30 horas, cuando la comisión de “Justicia por Sofia Fernández” junto a organizaciones sociales y de DDHH se concentrarán en las puertas del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Sofía, mujer trans, fue asesinada en una comisaría de Pilar, la Quinta de Presidente Derqui, en abril del año pasado.

La autopsia determinó que Sofía murió por asfixia traumática, además de presentar su cuerpo golpes en el rostro y otras zonas, además de posibles signos de abuso sexual.

De acuerdo a los peritos, en el crimen deberían haber participado dos o más personas.

En su momento hubo 10 policías detenidos por el crimen, pero 9 de ellos recibieron la libertad aunque siguen imputados, la mayoría por encubrimiento. Otros dos que están con prisión domiciliaria siguen siendo investigados por el asesinato, lo mismo que un tercer aprehendido que sí está tras las rejas, quien se cree que fue el efectivo que mató a Sofía.

La marcha no solo apunta a que los efectivos implicados vuelvan a la cárcel, según señalaron los organizadores, sino a que también el Estado provincial deje de asistir legalmente a los policías acusados.

«El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Javier Alonso, no sólo asumió la defensa jurídica, técnica e institucional de los 10 acusados sino que también aportó peritos especialistas en la defensa, perdiendo todo carácter de objetividad», señalaron familiares de Sofía por medio de un comunicado.

"La asistencia jurídica en el caso de las fuerzas federales está vetada mediante la Resolución Nacional 477/2023 que dispone que 'las Direcciones de Asuntos Jurídicos y/o Divisiones Legales y/o equivalentes de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales no brindarán asistencia jurídica a los agentes y/o funcionarios de esas fuerzas federales de seguridad que resulten judicialmente acusados por graves violaciones a los derechos humanos. Esto no sucede en la provincia de Buenos Aires", señalaron.