Un fiscal solicitó la elevación a juicio oral para tres personas acusadas por trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de aproximadamente 50 mujeres que eran captadas a través de una agencia de publicidad para trabajar como promotoras en el marco de distintas carreras de automovilismo, se informó oficialmente.

Franco Picardi, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pidió la elevación a juicio contra el empresario de Pilar Oscaldo Roncayolo, Karina Liliana Juárez y Fabián Eduardo Ferro, al responsable del Juzgado Federal N°6, Daniel Rafecas.

La investigación se inició a raíz de dos denuncias anónimas recibidas en 2018 por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Una vez judicializado el caso, el entonces titular del Juzgado Federal N°6, Rodolfo Canicoba Corral, solicitó la detención de los acusados, informó hoy el sitio fiscales.gob.ar

Juárez, era la cara visible de la agencia de modelos que contrataba a las promotoras; Roncayolo, dueño de una concesionaria de automóviles; y Ferro, el chofer que trasladaba a las víctimas a las distintas ciudades del país donde se corrían carreras de las categorías de Turismo Carretera, Turismo Nacional y Turismo Pista o Turismo Mouras, consignó la agencia Télam.

El fiscal solicitó que Juárez y Roncayolo sean enviados a juicio oral como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mientras que Ferro fue acusado por los mismos ilícitos, pero en carácter de partícipe necesario.

En ese marco, el 17 de noviembre de 2019, personal de la Unidad de Investigación sobre Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, realizó un procedimiento en el autódromo Juan Manuel Fangio, de la ciudad de Rosario, donde se corría una fecha del Turismo Nacional.

En esa oportunidad detuvieron a Juárez y a Ferro, rescataron a 22 mujeres que trabajaban en el lugar como promotoras publicitarias, y apresaron a Roncayolo en su casa de un barrio privado de Pilar.

El fiscal señaló que, en el marco del automovilismo deportivo, se observa una amplia demanda de prostitución, abastecida por organizaciones criminales de diversa magnitud a partir de la explotación sexual de personas.

Luego remarcó que la agencia de publicidad de Juárez y la concesionaria de autos de Roncayolo operaban como marcos legales respaldatorios para captar, ofrecer, trasladar, y explotar “sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o económica”.

En referencia a la violencia de género, Picardi subrayó que todas las víctimas forzadas a prostituirse eran mujeres y que ello tampoco es casual.

Señaló que el contexto de sobrerrepresentación de varones, tanto en el ámbito del público, como de corredores, empresarios y actores organizativos, así como la cantidad de días que duran los eventos, y las distintas condiciones culturales vinculadas al modo de organización social patriarcal, funcionaron como garantes para la obtención de réditos económicos seguros.

Según se indicó, el fiscal afirmó que a las víctimas se les insistía, presionaba y hasta se las amenazaba con la pérdida de su empleo para que accedieran a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

El proceso de selección de mujeres estaba a cargo de Juárez, quien requería que fueran jóvenes, con determinado estándar de belleza y encontrarse carentes de recursos económicos o con hijos menores a cargo, es decir, que existiera alguna vulnerabilidad económica que pudiera ser aprovechada para exigirles y forzarlas a que ejercieran la prostitución.

Fuente Télam.