La Justicia procesa a tres acusados de trata laboral en Pilar
Habrían reclutado en Santa Fe a cuatro trabajadores. Y les pagaban menos de lo prometido en un campo, sin registrarlos.
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La Justicia federal procesó con prisión preventiva a tres acusados de trata de personas con fines de explotación laboral en un campo de Pilar. La resolución fue dictada por el juez federal Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, y los tres seguirán detenidos mientras avanza la causa.
El fallo alcanza al propietario del predio, al sospechoso de haber reclutado a las víctimas en Santa Fe y al encargado del establecimiento. Son ciudadanos de origen chino y taiwanés. En tanto, el magistrado dictó la falta de mérito para un cuarto imputado, que recuperó la libertad con la obligación de fijar domicilio e informar al tribunal cualquier ausencia superior a las 24 horas.
Una denuncia a la Línea 145 inició la causa
La investigación comenzó el 9 de octubre con una denuncia a la Línea 145, el canal nacional para reportar casos de trata de personas. El 14 de octubre, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó el campo de Pilar y una vivienda de San Antonio de Obligado, en Santa Fe, desde donde presuntamente se captaba a los trabajadores.
Como informó Pilar de Todos, el operativo en el predio de la calle El Pial dejó ocho detenidos: seis hombres, uno argentino y cinco chinos, y dos mujeres chinas. Un ciudadano taiwanés, señalado como encargado de captar a las víctimas, fue detenido en Santa Fe. Para los investigadores se trataba de “una estructura criminal integrada mayoritariamente por ciudadanos de nacionalidad china, dedicada a la explotación laboral de personas de escasos recursos económicos en establecimientos rurales”, consignaron desde la Policía Federal.
Una oferta de $25.000 por jornada que terminó en $20.000
De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Infobae, el presunto reclutador contactó en Santa Fe a los cuatro trabajadores, argentinos y mayores de edad, oriundos del departamento General Obligado, con una propuesta de $25.000 por jornada. Al llegar al campo, el propietario les habría informado que cobrarían $20.000 por día.
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Los empleadores, además, les descontaban gastos de comida y transporte sin comunicarles antes los montos. El traslado desde Santa Fe también habría sido cobrado mediante descuentos salariales.
Los trabajadores residían dentro del predio, en una construcción de ladrillo inconclusa, con filtraciones y cables eléctricos expuestos. Tenía una cocina con garrafa en su interior y un baño externo, a unos cinco metros, sin puerta.
La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano constató incumplimientos de seguridad e higiene y verificó que ninguno de los cuatro estaba registrado. Según los testimonios incorporados al expediente, cumplían jornadas de ocho horas, de lunes a sábado. Uno de ellos declaró que tenía restricciones para usar el celular y comunicarse con su familia en horario laboral, y que debía hacer horas extras. Para salir del establecimiento necesitaban autorización de personas de confianza del propietario.
Por su parte, la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Víctimas del Ministerio de Justicia determinó que los cuatro se encontraban en situación de vulnerabilidad socioeconómica, habían comenzado a trabajar a edad temprana y no completaron la primaria.
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Dinero, armas y una camioneta secuestrados
En los allanamientos participaron la PFA, la Dirección Nacional de Migraciones, el RENATRE y ARCA. Se secuestraron $22.751.000, USD 21.000, siete teléfonos celulares, dos revólveres, una escopeta y una camioneta Iveco Daily registrada a nombre del propietario del campo. También se incautaron 260 gramos de una sustancia que dio positivo para marihuana en una prueba orientativa.
Cuatro personas intentaron escapar al ingresar los efectivos y fueron detenidas en las inmediaciones. Migraciones informó que la mayoría de los extranjeros identificados en el predio estaba en situación migratoria irregular.
Embargos de hasta $300 millones
El juez ordenó embargar bienes del propietario por hasta $300 millones, y de los otros dos procesados por hasta $200 millones cada uno. Según Infobae, la medida busca cubrir eventuales costas judiciales y una posible reparación civil para las víctimas.
Por otra parte, el magistrado se declaró incompetente para investigar la tenencia de las armas y la sustancia incautada. Esas actuaciones pasaron al Juzgado de Garantías del Departamento Judicial San Isidro, con asiento en Pilar, por corresponder a la jurisdicción provincial.
La trata de personas con fines de explotación laboral, en su modalidad agravada, prevé penas de entre ocho y doce años de prisión.
