El magistrado Alberto Ortolani, vecino de Pilar y juez del TOC N°1 de San Isidro, fue elegido para formar parte del nuevo tribunal que investigará las responsabilidades por el fallecimiento de Diego Armando Maradona.
Fue tras el sorteo que definió la nueva integración del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.
Uno de los nombres que surgió del bolillero fue el de Alberto Ortolani, actual juez del TOC N°1 y residente del partido de Pilar.
Su designación como subrogante responde a una vacante existente en ese tribunal, que será presidido por Alberto Gaig y Alejandro Lago. Aunque Ortolani no trabaja diariamente en el edificio del TOC N°7 —ubicado sobre la avenida Centenario—, su rol será central.
Su oficina habitual se encuentra a pocas cuadras, sobre la calle Ituzaingó, también en San Isidro.
Ortolani tuvo una participación clave en varias causas resonantes del país. Entre ellas, formó parte del tribunal que condenó por encubrimiento a varios familiares de María Marta García Belsunce, y también intervino en el juicio que responsabilizó al conductor de la lancha que provocó la muerte de Manuel Storani, hijo del dirigente radical Federico Storani.
Además, fue uno de los magistrados en el proceso por el célebre “Robo del Siglo” al banco Río de Acassuso.
El nuevo juicio se llevará adelante tras la anulación del proceso anterior, que quedó manchado por el accionar de la jueza Julieta Makintach, quien —según se descubrió— filmaba un documental en secreto mientras participaba del proceso judicial, afectando así la credibilidad del tribunal.
La causa indaga sobre las circunstancias del fallecimiento de Maradona, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés, en Tigre, donde el exfutbolista se encontraba convaleciente tras una intervención quirúrgica por un hematoma subdural.
De acuerdo a las pericias oficiales, el ídolo murió por una insuficiencia cardíaca aguda, y se investiga si existió una negligencia médica.
En el expediente están imputados ocho profesionales de la salud, entre ellos médicos, enfermeros y psicólogos, quienes enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.
