El juez federal de Campana, Adrían González Charvay procesó sin prisión preventiva al exintendente Nicolás Ducoté, en el marco de una serie de causas que investigan presuntos hechos de corrupción llevados a cabo durante la gestión de Cambiemos en Pilar.
El juez dictó la prohibición de salida del país para Ducoté, le trabó un embargo de $100.000.000 y le decretó la inhibición general de bienes, informó el portal Infobae.com.
El procesamiento dictaminado por Charvay tiene que ver con tres convenios sellados entre el gobierno local y Nacional en 2016. Dos de ellos tenían que ver con planes de obra pública en los barrios Monterrey y Peruzzotti, y otro por la entrega de microcréditos.
En los primeros dos casos, la Justicia trata de averiguar si hubo pago de sobre precios o directamente erogaciones por labores que no se concretaron, como el caso de una planta depuradora en Peruzzotti.
En cuanto a los microcréditos, se busca saber si hubo direccionamiento en la entrega de la ayuda destinada a familias de bajos recursos, dineros que debían ser usados para refaccionar viviendas o conectarlas a la red de gas o agua.
En el procesamiento el juez González Charvay explicó la actuación del ex intendente y de los ex funcionarios municipales: “Nicolás José Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede, actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”. El juez procesó a todos los ex funcionarios municipales a los que consideró involucrados en la maniobra.
Dictamen
Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, emitió 3 dictámenes donde, como conclusión, establece que existió un “accionar tendiente a apropiarse indebidamente de los recursos del estado en forma sistemática, llevada a cabo en tres acuerdos idénticos y prácticamente en forma coetánea” lo que, siempre según la PIA, “permite sostener la idea de un plan puesto en marcha a los fines que se viene sosteniendo, es decir generar beneficios indebidamente a terceros en perjuicio de los fondos administrados”.
Para el Procurador “se han verificado innumerable cantidad de irregularidades, que no tienen su razón en la torpeza, error o ignorancia de lo debido, sino en la clara voluntad de poder llevar a delante la maniobra que permitiría alzarse con elevadas sumas de dinero", reza el documento, que añade que los tres expedientes «conservan el mismo patrón, no solo de personas involucradas, sino en la desviación de recursos a favor de terceros y en perjuicio de la administración nacional que es la que efectuó los aportes”.
