Revés judicial para el exintendente Nicolás Ducoté, quien finalmente deberá ir a juicio oral por causas que investigan presuntos hechos de corrupción durante su gobierno.
Se trata de un proceso por el que Ducoté y varios de sus exfuncionarios se encuentran procesados, donde se investiga el pago de obra pública que no se ejecutó y la entrega irregular de microcréditos, delitos calificados como “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
El pedido a elevación a juicio ya había sido presentado, pero Ducoté había interpuesto una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, instrumento que fue rechazado.
La defensa de Ducoté buscaba que se declare incompetente al Juez de Campana Adrián González Charvay, magistrado que procesó al exalcalde, y la investigación comience de nuevo.
En julio de este año, Charvay procesó a Ducoté y a varios de sus excolaboradores, sin prisión preventiva, embargos por 100 millones de pesos, inhibición de bienes y con la prohibición de salida del país.
Al quedar firme la decisión de Charvay, Ducoté deberá enfrentar el juicio el año que viene, proceso donde se intentara determinar si en efecto se desviaron unos 460 millones de pesos en obra pública que no se ejecutó en su conjunto, en el marco de planes de Hábitat del gobierno Nacional que se tenían que hacer en Peruzzotti, en concreto una planta cloacal, y Monterrey, en Derqui.
También se intentará determinar si hubo irregularidades en el proceso de entrega de microcréditos a personas carenciadas,
Además de Ducoté, están bajo la mira de la Justicia Guillermo Iglesias, el exsecretario de Obras Públicas; Juan Pablo Martignone, exjefe de Gabinete; Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar, la encargada de administrar los microcréditos; y Osvaldo Caccaviello, exdirector general de Calles y Red Vial.
También fueron procesados Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA; y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
Las denuncias
En 2019 la edil del Frente de Todos en ese entonces y actual secretaria de Desarrollo, Paula González, denunció ante la Justicia una serie de irregularidades en la ejecución de obra pública, en concreto la relacionada con la planta cloacal de Peruzzotti, donde aparecen certificados de obra que autorizan el pago pese a que jamás se instaló.
González, más tarde, también denunció presuntos hechos de corrupción en la ejecución de obras de urbanización en Monterrey, en Derqui, y posibles irregularidades en la entrega de "microcréditos" a familias carenciadas.
