El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de San Martín tendrá en sus manos el juicio contra el exintendente Nicolás Ducoté, acusado de varios delitos de corrupción durante su gobierno.
Ducoté, y varios de sus exfuncionarios, están siendo investigados por la presunta entrega fraudulenta de microcréditos, y el pago de obra pública que no se ejecutó en Monterrey y Peruzzoti.
En abril pasado el juez federal Adrián González Charvay elevó a juicio las actuaciones, al imputarlos por los delitos de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
De aquí en adelante se definirá si se necesita instrucción suplementaria, se solicitarán las pruebas a las partes y se fijará fecha para el juicio oral y público.
A mediados del año pasado González Charvay había procesado a Ducoté y varios de sus excolaboradores y empresarios por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.
En concreto, están bajo la lupa irregularidades vinculadas a la entrega de microcréditos, y el pago de obra pública que no se ejecutó.
La decisión de Charvay se basó en informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
El organismo había señalado: «Nos encontramos ante un caso de presunta corrupción definido como aquella práctica desarrollada en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de funciones y medios de aquéllas en provecho, económico o de otra índole de sus gestores”.
En el caso de los microcréditos, se presume que hubo direccionamiento en la entrega de dinero destinado a que vecinos pudieran realizar mejoras en sus viviendas o acceder a las redes de gas, agua y electricidad. En este caso, además, se investiga que la creación de organismos intermedios, que se quedaban con un porcentaje de esos fondos, también constituyen delito.
El el caso de Monterrey, en Derqui, el gobierno nacional destinó 147 millones 733 mil pesos para renovar un corredor central, proveer agua corriente y cloacas, construir plazas y adecuar veredas, obras que, de acuerdo a la denuncia, no se hicieron según lo pautado.
Por otro lado, en el caso de Peruzzotti, se pagaron 14 millones 135 mil pesos por la construcción y conexión de una planta de tratamientos cloacales, obra que jamás se ejecutó.
“Nada de lo relativo a la planta depuradora que fuera licitada y adjudicada por el Municipio de Pilar de la Provincia de Buenos Aires fue construido pero sí certificado y cobrado por la empresa adjudicataria (Tordel), quien se alzó con la suma de $14.135.30,93…”, afirmó la PIA.
En la indagatoria, Ducoté negó las imputaciones. Rechazó que no se haya realizado una correcta distribución de los recursos y manifestó que se ejecutaron las “acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar”.
Para Charvay, no obstante, “Ducoté, Juan Pablo Martignone, Federico Leonhardt, Guillermo Horacio Iglesias, Osvaldo Nicolás Caccaviello, Sandra Sosa, Miguel Sergio Russo, Norberto Giulianelli, Gabriel Adrián Lucero y Fernando María Bonafede actuaron en forma mancomunada, coordinada y funcionalmente, en la continuación y concreción de una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al erario cuya administración le fuera confiada al primero de los nombrados, generándole en forma directa un grave e irreversible perjuicio patrimonial”.
