Zona Fría: Bahía Blanca y Mar del Plata presentaron amparos para frenar la quita de subsidios
Tras la promulgación de la Ley 27.828, dos distritos bonaerenses recurrieron a la Justicia para intentar frenar la eliminación de los descuentos en las facturas de gas.
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El Gobierno nacional promulgó la ley que modifica el régimen de Zona Fría y, el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, dos distritos bonaerenses recurrieron a la Justicia para intentar frenar la quita de los descuentos en las facturas de gas. La Ley 27.828 quedó formalizada mediante el decreto 1161/2026, publicado este martes.
La reforma establece nuevas condiciones para acceder a la bonificación y limita el beneficio automático que se había extendido en 2021. La normativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, alcanza a unos 3,35 millones de hogares en el país, de los cuales 1,24 millones se encuentran en 94 municipios bonaerenses.
Acciones judiciales en Bahía Blanca y Mar del Plata
En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles impulsó un amparo colectivo junto con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc) y el Club Estrella. El escrito cuestiona la exclusión de la ciudad del régimen y sostiene que las condiciones climáticas justifican la continuidad del beneficio. Según un relevamiento de 44 facturas, el retiro del subsidio implicaría un incremento estimado del 41,5% en el costo del servicio.
Por su parte, en Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon, a cargo de Marcelo Lacedonia, presentó una acción similar ante la Justicia Federal. El reclamo está dirigido contra el Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía de la Nación, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) y Camuzzi Gas Pampeana.
La Defensoría solicitó que se mantengan las condiciones tarifarias vigentes y que se suspenda la aplicación de los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. Además, pidió que no se homologuen nuevos cuadros tarifarios sin audiencias públicas y que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.828. Ahora, la Justicia Federal deberá analizar ambas presentaciones para resolver si corresponde suspender los efectos de la reforma.
