La Cámara Federal de San Martín desestimó la recusación contra el Juez Adrián González Charvay, medida que había sido solicitada por la empresa APR Energy, una de las que construye una termoeléctrica en Pilar.
Es que los abogados de APR expusieron que González Charvay, quien hizo a lugar a un amparo pedido por vecinos de Villa Rosa y Matheu y frenó las obras en las plantas, podría tener un interés particular en la causa, al ser vecino de un country de Pilar que queda en cercanías a una de las usinas que se pretende poner en funcionamiento.
Si bien Charvay admitió que reside en el distrito, expuso que no lo hace desde noviembre de 2016 en la urbanización mencionada por la empresa, pero que de todos modos esto no significa que se vaya a perjudicar su imparcialidad en el tema.
Además, manifestó que el hecho de que APR añada el lugar de residencia de sus padres en un expediente público podría constituir una maniobra “intimidatoria”, y recordó que está obligado por reglamento a domiciliarse en un radio de 70 kilómetros de su lugar de trabajo.
En ese contexto, la Cámara consideró que “no se verifican los extremos para fundar la causal invocada, ya que el hecho de que el Dr. González Charvay tenga su residencia en el Partido de Pilar, en modo alguno autoriza a presumir la existencia de interés en el presente pleito. (…) En estos términos, la causal invocada no solo resulta ser manifiestamente improcedente, sino que debe ser rechazada, asimismo, por carecer de fundamento consistente”.
Además, el tribunal impuso una multa de 10 mil pesos a APR, a la vez que se remitan copias de las actuaciones al Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados de San Isidro, a los fines de que se evalúe la conducta asumida por los letrados de APR, ya que, entendió la Cámara, alcanzaba con solo mencionar que Charvay vivía en Pilar en el pedido de recusación, y no añadir copias de fotos satelitales de la residencia de los padres del Juez.
De hecho, para preservar la intimidad del Juez y sus progenitores, la Cámara expuso que no sea de acceso público toda información referida a los domicilios cuestionados por APR.
Las obras fueron frenadas, por disposición de González Charvay, a fines del año pasado, hasta tanto se determine si las plantas son contaminantes, como entienden los vecinos, o no, como aseguran desde las empresas APR y Araucaria.
