Vecinos de la localidad de Villa Rosa vuelven a encender las alarmas ante un nuevo pedido por parte de la empresa termoeléctrica que aún permanece en el distrito para seguir funcionando.

Se trata de la firma SSC Power Argentina -ex Aracucaria-, industria que buscará que la Justicia renueve la autorización para operar durante una determinada cantidad de horas y con limitaciones, permiso que se le otorgó por un plazo de seis meses y que vence a fines de este mes de junio.

La Justicia había impuesto como condición un funcionamiento limitado en cuanto a la cantidad de turbinas que enciende, indicación que apuntaba a evitar la generación de ruidos molestos.

SSC Power busca que se renueve esa autorización por otros seis meses, lo que generó la preocupación de los habitantes de la zona, fervientes opositores a la instalación de las termoeléctricas.

En la solicitud, la firma alegó que “nunca” violó los horarios ni generó ruidos molestos, lo que fue fuertemente rechazado por los vecinos y hasta constatado por inspectores del Municipio de Pilar.

Tras el pedido, la Justicia dio intervención al Municipio desde donde elevaron un contundente informe sobre el funcionamiento de las usinas.

En un escrito al que tuvo acceso Pilar de Todos, la Subsecretaría de Control y el Cuerpo de inspectores de la Comuna expresó que “el criterio que eleva la empresa no es cierta”.

“No es cierta la afirmación realizada por la empresa SSC Power respecto a que no ha generado ruidos, ya que como surge de las actas en más de una oportunidad ha superado los decibeles permitidos por la normativa vigente”, dice el informe y agrega que también se constató que la planta realizó trabajos en “horarios no autorizados”.

Ante dichas anomalías, el Municipio expresó que “considera al ambiente sano como un derecho humano básico y a la normativa que lo regula como de cumplimiento obligatorio”, y rechazó los sucesivos pedidos de prórroga por parte de la firma para poder seguir funcionando sin ajustarse a las normas.

“Entendemos que pretender evadir la normativa y las reglamentaciones ambientales mediante pedidos sucesivos de prórroga, apunta a utilizar la excepción como medio para de evitar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa”, cierra el escrito.

Desde organizaciones vecinales y ambientalistas rechazaron que la firma siga continuando, como el caso de 1810 Vecinos Unidos por Pilar, donde incluso se mostraron confiados en que la Justicia no le otorgue a la empresa una prórroga.

“Tengo que decir que el intendente Federico Achával) tomó un compromiso y lo está cumpliendo. En su momento la clausuró y esta es una contestación contundente”, expuso Raúl Regis, de 1810.