Ambientalistas presentaron una medida cautelar ante la Justicia para que se frene el desmantelamiento de una de las termoeléctricas ubicada en Villa Rosa.

Se trata de la firma APR, que hace más de un mes comenzó a cerrar la planta, lo que encendió la alarma de los vecinos.

Es que, señalan, la retirada de la firma no se estaría haciendo acorde a los protocolos establecidos en la legislación vigente, por lo que podría haber riesgo de daño ambiental.

En concreto, apuntan a la remoción de enormes tanques de combustible y al sellado de perforaciones de agua que, de no hacerse como corresponde, contaminarían los acuíferos.

La presentación lleva las firmas de Erica Hahn, integrante de la ONG Ambientalistas Unidos, y del abogado especialista en la materia Fabián Maggi.

Maggi y Hahn, en rigor, ya habían reclamado a la firma que explique qué medidas se estaban llevando a cabo para evitar pasivo ambiental, y cuál era el rol de los entes de control.

Los ambientalistas entienden que “de la respuesta dada por APR Energy surge claramente que no cuenta con la aprobación del Plan de Abandono, siendo absolutamente inadmisible los argumentos de falta de reglamentación de la ley 14.343, dado que dicha ley se encuentra reglamentada por la autoridad de aplicación tal como lo prevé en su artículo 8, por ejemplo, en la resolución 95/14 del OPDS que expresamente menciona a la ley 14.343”.

“Es inverosímil el relato de que la auditoria no requiere aprobación, lo mismo sucede con la trascendencia que se le quiere dar a la inadmisible frase del personal del Ministerio de Ambiente que dice que "a simple vista no se observa contaminación" como si ello fuera suficiente para determinarlo, oportuno es recordar la situación impropia que se dio en la etapa de radicación de esta industria entre el ex OPDS y la empresa, que motivó el inició de una causa penal y una medida cautelar en sede civil. Sin perjuicio de ello en la propia documental que acompaña APR se acredita que necesita la autorización del Ministerio de Ambiente para retiro de los tanques de almacenamiento de combustible”, señala el escrito presentado ante la Justicia.

“Vemos ahora que temerariamente APR confiesa que dejará las perforaciones sin recurrir a su adecuado cierre. APR  NO acreditó haber notificado a la ADA (Autoridad del Agua) dicha desafectación, y lo que es más grave aún confiesa que dejará los pozos sin realizar el correspondiente procedimiento de sellado y clausura que evite el ingreso de contaminantes y que impida el uso clandestino (...)”, agregaron.

En ese contexto, reclamaron que se “dicte una medida cautelar donde ordene la suspensión de todo trabajo de desmantelamiento hasta tanto la demandada no presente resolución del Ministerio de Ambiente que autorice las tareas de la fase de abandono”.

“Asimismo ordene una pronta inspección del predio para determinar el estado del mismo y el avance ilegal del desmantelamiento realizado con especial referencia a los tanques de combustibles, cañerías y perforaciones denunciadas.”, finalizaron.