El conflicto por la presencia de carpinchos en Nordelta sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín hizo lugar a una apelación presentada por organizaciones proteccionistas y dejó sin efecto la autorización que habilitaba el traslado de los animales a otros sectores.
En su resolución, el tribunal consideró que la medida fue “prematura e irracional” y dispuso prohibir cualquier nueva reubicación de carpinchos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo que evalúe las consecuencias de este tipo de intervenciones sobre la fauna silvestre.
El fallo fue firmado por los jueces Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici, quienes además habilitaron la feria judicial para avanzar con el análisis del caso. En ese marco, ordenaron a la autoridad de aplicación presentar un informe detallado sobre la prueba piloto de traslado, junto con las evaluaciones realizadas por los especialistas intervinientes.
Revocan la decisión de primera instancia
La Cámara dejó sin efecto una resolución previa que había autorizado el movimiento de ejemplares, pese a que existía una medida cautelar que prohibía sacarlos de su hábitat natural. Para los magistrados, aquella autorización contradijo las normas de protección de la fauna silvestre vigentes en la provincia de Buenos Aires.
En relación con los animales que ya fueron trasladados, el tribunal calificó la acción como un “error gravísimo” y recordó que los carpinchos son fauna protegida, por lo que cualquier medida que implique su remoción debe ser excepcional, fundada y técnicamente justificada.
El operativo que desató la polémica
El punto más álgido del conflicto se registró durante la madrugada del 13 de enero, cuando seis carpinchos fueron retirados del lugar. Según denunciaron vecinos y asociaciones ambientalistas, los animales habrían sido sedados y trasladados en jaulas, lo que generó un fuerte rechazo social.
El operativo se originó a partir de la presencia de manadas en sectores de circulación vehicular, donde la velocidad máxima permitida es de 60 kilómetros por hora. Desde las autoridades se argumentó que existía riesgo de accidentes, lo que motivó el despliegue iniciado el lunes 12 de enero.
Sin embargo, ese procedimiento inicial con trampas no dio resultados y tampoco fue bien recibido por los proteccionistas, quienes habían acordado que cualquier traslado debía realizarse con veedores presentes y con información clara sobre el destino final de los animales.
Pese a ese compromiso, organizaciones ambientalistas denunciaron que la extracción se realizó sin presencia de testigos. Incluso difundieron registros donde se observa el traslado de tres hembras y tres machos, presuntamente luego de ser sedados con dardos.
Hasta el momento, no hubo información oficial detallada sobre el procedimiento ni sobre el lugar al que fueron llevados los carpinchos. Esa falta de datos fue uno de los puntos cuestionados por la Cámara, que ahora exige informes técnicos completos antes de autorizar cualquier nueva medida.
Con este fallo, la Justicia busca frenar intervenciones improvisadas y obliga a evaluar de manera integral el impacto ambiental, mientras el debate por la convivencia entre urbanizaciones privadas y fauna silvestre sigue abierto.
