El edil opositor Daniel Liberé presentó un proyecto por medio del cual pretende saber qué tipo de autorizaciones el Ejecutivo ha otorgado a empresas de telecomunicaciones para que extiendan cableado aéreo.
Para el edil la fecha en la que las empresas deberían haber presentado planes de soterramiento, luego de aprobarse una ordenanza el año pasado (la 233/18), venció el 2 de febrero, aunque el Ejecutivo expuso que en rigor hay tiempo hasta mayo, ya que los 180 días de plazo no son corridos, sino hábiles.
"Optaron (en el Ejecutivo) por una interpretación laxa de la normativa, extendiendo el plazo en vez de intimar", expuso Liberé, quien señaló que hay empresas ya están colocando nuevo cableado, incluso usando postes de EDENOR o de luminarias públicas, es decir del municipio.
"Como respuesta a esta inacción, las empresas que no contaban con cableado propio y aquellas que debían sustituirlo, aligeraron el ritmo colocando nuevos postes, utilizando otros, muchos en mal estado, e incluso usando algunos de propiedad privada y pública. No consta autorización alguna emitida por este cuerpo ni por ningún ámbito de la Municipalidad para este tipo de actividad, que deja en claras la evidente intención de vulnerar tanto la normativa anterior como la vigente", disparó Liberé en un proyecto de comunicación que se tratará en la próxima sesión.
"La omisión de control revela una connivencia de la municipalidad con quienes se vieron beneficiados por una ordenanza que aún siéndoles provechosa por demás, persistentemente deciden incumplir", agregó.
En ese contexto, Liberé pretende que el Ejecutivo envíe al Legisaltivo, en un plazo no mayor a los 15 días hábiles de aprobada la comunicación, "un informe en referencia al cumplimiento de la ordenanza 233/18)".
Entre los datos que pide el edil, se solicitan qué empresas trabajan en Pilar y qué planes de soterramiento han presentado, cuáles son las que no presentaron planes de adecuación, cuáles firmas tienen autorización para colocar postes y cables aéreos, qué compañías tienen interés en prestar servicios en el distrito "como consecuencia de la derogación de la ordenanza 49/01", la normativa original que obligaba a que todo el cableado sea bajo tierra.
Además, requiere que se revele a qué empresas se autorizaron para usar postes públicos y qué "compensaciones" recibió el Estado, y si se han aplicado multas.
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