Padres y madres de un colegio privado ubicado en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, denunciaron que la institución dejó sin vacantes a ocho alumnos con discapacidad por lo que la Dirección de Cultura y Educación provincial intimó a las autoridades a retrotraer esa decisión en un plazo de 48 horas.

Los padres denunciaron que el dueño del Colegio Magno de Pilar "comparó el contrato pedagógico con uno de alquiler".

"Nos comunicamos en esta oportunidad para informarles que su hijo (nombre del alumno) no podrá ser matriculado para el ciclo 2023″, comienza el texto enviado vía mail el pasado 30 de septiembre mediante el cual se comunicó a padres de hijos con dificultades en el aprendizaje o algún tipo de discapacidad que no podían continuar en el colegio Magno College.

Tras conocerse la denuncia la Dirección de Cultura y Educación bonaerense informó que fueron al Colegio Magno de Pilar y labraron un acta en la cual intimaron al establecimiento a retrotraer la decisión de no matriculación en el plazo de 48 horas, "para resguardar el interés superior de las niñas y niños".

"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Colegio Magno de Villa Rosa, en donde ocho familias recibieron por parte de las autoridades del establecimiento, la información que sus hijas/os no serían rematriculadas/os para el ciclo lectivo 2023, la DGCyE comunica que dicha disposición incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa".

El organismo provincial destacó que las instituciones educativas "son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado" y agregó que "en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante"

Pablo Basz, padre de Emanuel, uno de los niños discriminados, relató ante los medios que desde hace unos meses percibían una "actitud de la escuela que no había sido así hasta entonces porque era un modelo de inclusión y de integración".

Asimismo, el hombre contó que su hijo sigue una currícula específicamente adaptada a sus necesidades y en el último tiempo "percibimos que la escuela no tenía mayor voluntad de avanzar en ese sentido, hasta que recibimos la nota formal que nos informó que en 2023 él no iba a ser rematriculado".

En diálogo con el canal de noticias C5N, Basz explicó que días después de la llegada del mail, en una reunión con el dueño del colegio, recibieron comentarios del tipo "hijos como el suyo bajan la vara académica"; "ninguna escuela los hubiese aceptado"; o "el día de mañana ninguna empresa iba a contratar a mi hijo"; entre otros.

Incluso, le dijo que él siendo dueño de esta escuela, como si fuera dueño de un departamento o una casa en alquiler, "puede decidir año a año si renueva o no el contrato con el inquilino".

"Lo que están haciendo es ilegal", aseveró el padre de Emanuel, de 10 años y con Síndrome de Hunter que asiste a esa institución laica y bilingüe desde los 5 y que tiene certificado de discapacidad.

El texto emitido por el Magno College añadía que "entendemos la importancia de enviar esta notificación de forma temprana para que cuenten con el tiempo necesario para planificar la continuidad pedagógica en otra institución educativa".

Además, Basz señaló que cuentan con el apoyo del resto de los padres, quienes tuvieron una "reacción maravillosa" frente a este hecho discriminatorio, y remarcó la importancia de que Emanuel permanezca en esa institución por el "vínculo ya generado con sus amigos".

Por su parte, desde el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), confirmaron a Télam que el día 6 de octubre pasado, recibieron la denuncia por parte de la padres de los alumnos con discapacidad a los que el colegio Magno les negó la matricula para el 2023.

Y añadieron que "desde Inadi analizamos si la situación es discriminatoria o no, y para ello nos basamos en los derechos de la Convención sobre los derechos de personas con Discapacidad y en la Convención sobre los derechos del niño".

Hoy señalaron que van a intervenir "como en todas las denuncias. Primero intentaremos algún tipo de gestión con la que procuraremos lograr que les den las vacantes, y si no, se avanzará respecto al dictamen como una conducta discriminatoria".