Fallo obliga a Nación a restituir plan social que en Pilar cobran 10 mil personas
Se trata del programa Volver al Trabajo, que otorga 78 mil pesos por mes a los beneficiarios.
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El juzgado federal de Campana hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantenga el pago de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo (VAT), que tiene casi un millón de beneficiarios en el país y que en Pilar alcanza a 10.000 personas.
El fallo del juez Adrián González Charvay se da luego de que la eliminación del VAT fuera anunciada por el ejecutivo, y obliga a la cartera que conduce Sandra Pettovello a pagar la prestación de $78 mil dentro de los próximos tres días y que mantenga el programa hasta que haya una sentencia de fondo.
El pago del salario social complementario -creado por una ley unánime del Congreso en 2017 y que se pagaba a través del VAT- se interrumpió a principios de mes, cuando el Gobierno avanzó con la voucherización de los programas.
El programa repuesto ahora por la Justicia había reemplazado al Potenciar Trabajo. El Gobierno presentó la aplicación en su lugar de vouchers como reemplazo, destinados a capacitación laboral en algunas empresas.
Antes había dado de baja la contraprestación que debían dar los beneficiarios con el pretexto de correr de la intermediación a las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Gran parte de esos recursos se pagaron vía la AUH y la Tarjeta Alimentar.
Un grupo de trabajadores del VAT había promovido una acción colectiva contra el Estado por la decisión de dar por finalizado el programa, anunciada oficialmente el 7 de abril de 2026, con pago de una última asignación este mes.
“El corte abrupto de la prestación compromete derechos constitucionales básicos”, señaló González Charvay en su decisión. El magistrado citó además el "principio de no regresividad de los derechos sociales" y ordenó al Estado restituir o mantener los pagos en un plazo de tres días, bajo apercibimiento de multas, consignó la agencia DIB, que también adelantó que el gobierno apelará el fallo.
La decisión de Charvay señala que el programa de vouchers de capacitación que el presidente Javier Milei presentó con Pettovello y todo el gabinete en el Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, no constituye una medida equivalente a un ingreso monetario. Argumenta que no garantiza condiciones mínimas de subsistencia y citó el artículo 14 bis de la Constitución al tiempo que recordó que es deber del Estado adoptar medidas de acción positiva para grupos vulnerables.
