El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el reemplazo por la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida fue publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, mediante el decreto 953/2024, que establece: “Disuélvese la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidad autárquica actuante en la órbita del Ministerio de Economía, con los efectos y alcances establecidos en el presente decreto”.
A su vez, el Ejecutivo creó formalmente la ARCA, que también estará bajo la órbita de Luis Caputo. Según indica la normativa, esta entidad “es la continuadora jurídica y mantendrá las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente a la AFIP hasta la fecha de publicación de las normas y la Estructura Orgánica y Funcional”.
Así, se hace efectivo lo que había adelantado el vocero presidencial Manuel Adorni a días atrás. “El Gobierno anuncia muy felizmente que la AFIP dejará de existir”, sintetizó.
De esta manera, mediante el decreto 954/2024, designaron a las autoridades que estarán a cargo de la ARCA. Tal como habían adelantado, la conducción del organismo continuará en manos de Florencia Misrahi.
Según explicaron desde el Gobierno una vez que se conoció la noticia, la ARCA tendrá “una estructura simplificada, con una reducción de aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores de la estructura actual”.
De igual forma, el artículo 5° de la normativa establece que el personal de la AFIP “mantendrá su situación de revista alcanzada en su carrera administrativa”, por lo que aún resta conocer las medidas complementarias que tomará la gestión en lo relacionado con la estructura funcional y orgánica del nuevo organismo.
El Gobierno sostiene que la ARCA “propiciará un aprovechamiento más racional de los recursos humanos y materiales, al permitir la especialización y capacitación del personal en sus respectivas áreas de competencia contribuyendo a mejorar la calidad del régimen impositivo, de la seguridad social y aduanero y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales y regulatorias que corresponden a cada área”. (DIB)
