El Gobierno de Javier Milei decretó la supresión del Programa Nacional para el Desarrollo de los Parques Industriales, impulsado en su momento por las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, y de Alberto Fernández en 2020.
Luego de la derogación de la ley N° 21.608 mediante el mega DNU 70/23, que establecía un Sistema de Promoción Industrial “orientado a fomentar el desarrollo sectorial, regional y especial”, la administración libertaria dio un paso más en el apartamiento del Estado de los regímenes de promoción al sector.
En su primera etapa, la idea del programa era poner a disposición créditos por hasta 300 millones de pesos (más de 6 mil millones de pesos de hoy) para financiar obras de infraestructura que permitan potenciar los agrupamientos. A partir de 2020, el monto total anual de créditos llegó a los 1.500 millones de pesos. A esto le sumaron aportes no reintegrables para distribuir entre parques industriales con una partida presupuestaria máxima de 2,4 mil millones de pesos.
En la provincia de Buenos Aires el impacto será en los más de 200 parques de este tipo distribuidos en 111 municipios.
Amparándose en las declaraciones de “emergencia pública” en materia administrativa, económica, financiera y energética, entre otras, Milei rubricó con su firma el decreto 1077/2024 que derogó sus 915/10 y 716/20 aduciendo la situación que atraviesa Argentina desde los últimos años “generadora de profundos desequilibrios que impactaron negativamente en toda la población y en especial en lo social y económico”.
“En el contexto actual resulta indispensable optimizar los recursos asignados a la política industrial y priorizar la planificación de nuevas estrategias que permitan sostener la competitividad de los sectores productivos”, afirma la normativa publicada en el Boletín Oficial.
En sus considerandos, señalan que con la derogación de la Ley N° 21.608 “se ha eliminado el marco normativo general para la promoción de parques industriales como instrumento de ordenamiento territorial y desarrollo productivo”, lo que obliga a “revisar y adaptar” las políticas para el sector “con el fin de alinearlas con las nuevas prioridades económicas y sociales del país”.
El programa creado mediante el decreto 716/20 tenía por objeto “promover el ordenamiento territorial impulsando esquemas de asociativismo y cooperativismo en procura del desarrollo industrial, de incidir en la planificación productiva local, en el desarrollo sustentable e inclusivo, incentivar la generación de empleo local y potenciar las sinergias derivadas de la localización común”. (DIB)
