Conflicto en Granja Tres Arroyos: ordenan reincorporar a los despedidos
La medida alcanza a la planta de Pilar, con 50 cesantías, y a Capitán Sarmiento y Esteban Echeverría.
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El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que atraviesa Granja Tres Arroyos y ordenó la reincorporación de 1.200 trabajadores despedidos en las plantas de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría.
En Pilar, la medida alcanza a los 50 empleados de la planta Pinazo, en La Lonja, que habían sido desvinculados apenas días atrás, tras un mes completo de suspensiones que afectó a la totalidad del plantel de esa fábrica.
Según confirmó la cartera laboral bonaerense, la conciliación regirá por 15 días hábiles, con posibilidad de extenderse por otros cinco, y contempla la reincorporación de los despedidos como condición para reabrir la negociación entre las empresas y el sindicato.
Una negociación con fecha fija
El Ministerio de Trabajo fijó además una nueva audiencia entre Granja Tres Arroyos, la firma Wade y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA) para el próximo jueves, en la que continuará la discusión sobre la situación de los establecimientos bonaerenses. La empresa propuso la donación de 1.000 cajones de pollo para los trabajadores despedidos, algo que el gremio rechazó.
No obstante, según pudo saber Pilar de Todos, la empresa analiza presentarse en convocatoria de acreedores en los próximos días. Se trata de un proceso judicial mediante el cual una compañía en dificultades financieras busca reorganizar su situación frente a los acreedores para evitar la quiebra. Los créditos laborales —salarios e indemnizaciones— tienen privilegio legal frente a bancos y proveedores, aunque eso no garantiza el cobro si la empresa no cuenta con fondos suficientes. De hecho, Tres Arroyos ya expuso que pretendía abonar el 50% de las indemnizaciones.
De 300 suspendidos a 50 despedidos en Pilar
El conflicto en Pinazo viene de varias semanas. El 14 de agosto, el Concejo Deliberante de Pilar giró un pedido de informes al Ministerio de Trabajo provincial y a la Secretaría de Trabajo nacional por la suspensión de unos 300 trabajadores, que regía sin actividad operativa desde el 3 hasta el 30 de ese mes, con pago parcial del salario.
El 21 de agosto, los gobernadores Axel Kicillof, Rogelio Frigerio y Martín Llaryora anunciaron la conformación de una mesa conjunta para coordinar acciones frente a la crisis de la empresa en Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Diez días después, el 1° de septiembre, la firma y el sindicato acordaron reducir a 50 los despidos en Pinazo, que en un principio iban a alcanzar a 170 trabajadores sobre una dotación de unos 300.
El embargo que llegó al patrimonio personal
La crisis financiera del grupo también alcanzó a sus dueños. El 2 de septiembre, la Justicia ordenó embargar una vivienda del Highland Park Country Club vinculada a la familia De Grazia, en el marco de una ejecución por $1.795 millones que tramita en un juzgado comercial porteño. De fondo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por US$350,9 millones y acumula, junto con Avex y Wade, 7.097 cheques rechazados por más de $101.600 millones.
Los cuestionamientos del sindicato
El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los argumentos de la empresa, que atribuye la crisis a la caída de las exportaciones, la gripe aviar y una sobreoferta de pollo en el mercado interno. "Ellos dicen que hubo una disminución en las ventas de exportación, eso es riesgo empresarial", señaló. También cuestionó que exista sobreoferta doméstica: "No es real, el consumo de pollo sigue creciendo", afirmó.
Chamorro apuntó además contra el uso del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que la empresa invocó para encuadrar los despidos bajo una situación de fuerza mayor. "Lo hacen solamente para intentar pagar la mitad de las indemnizaciones", sostuvo. En tanto, el gremio reclamó que la empresa entregue la nómina completa de las personas desvinculadas, algo que, según indicó el STIA, todavía no hizo.
