El Presidente las habilitó en el país, pero dejó en manos de los gobernadores el aplicar la medida de acuerdo a la situación epidemiológica. En el gran Buenos Aires no habrá cambios respecto a la fase actual.

“Sabemos que esta situación genera angustia y muchas dificultades, pero la única forma de evitar los contagios es el aislamiento y el distanciamiento”, argumentó el gobernador bonaerense en una videoconferencia, de la que participó el jefe comunal de Pilar, Federico Achával.

Las actividades se deberán practicar de lunes a viernes y desarrollarse en clubes y polideportivos, pero no en espacios cerrados. 

Era un reclamo de los propietarios de locales que advertían dificultades para el desarrollo de sus actividades. Desde la Comuna apuntaron que la modificación responde a la mayor circulación que se advierte en esta fase 3 del aislamiento.

El Municipio clausuró el local, ubicado en un complejo de la calle Caamaño, al advertir que dentro del mismo había clientes consumiendo en distintas mesas. Inspectores labraron las actas de infracción correspondientes y a todos los involucrados se les iniciaron acciones ante la Justicia Federal.

El anunció se efectuará este viernes a las 12 en la Residencia de Olivos, junto al Jefe de Gobierno porteño y el gobernador de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador manifestó que la realización de actividades turísticas dependerá de las medidas que se implementen los próximos meses y del comportamiento de la gente. "No es una cuestión de fe, voluntad, sueño o anhelo", dijo el mandatario, quien teme la posibilidad de rebrotes de coronavirus al menos que se encuentre un tratamiento.

El plan que regirá hasta el 31 de diciembre, posibilitará regularizar impuestos vencidos este año a quienes hayan tenido caídas de ingresos debido a las dificultades generadas por la pandemia.

Se trata de 10 mil pesos por mes y hasta 30 mil, destinados a locales que tuvieron que estar cerrados por la pandemia. El objetivo del intendente Federico Achával es llegar a más de 3 mil locales.

La medida apunta a asegurar el distanciamiento social entre clientes del comercio minorista. Desde SCIPA habían solicitado que se retiren, a pedido de propietarios de negocios, pero entendieron que la iniciativa es “lógica”.

Así lo dispuso el Juez Federal Adrián González Charvay quien consideró que los implicados “infringieron el artículo 205 del Código Penal sin causa de justificación alguna”. Los embargos sobre los bienes, en tanto, son de entre 100 mil y 300 mil pesos.