El Municipio de Pilar anunció que comenzará una “profunda auditoría” sobre el área de Higiene Urbana, donde, aseguraron, se encontraron con varias “irregularidades”.

El Municipio hizo pública la denuncia luego de que un grupo de trabajadores despedidos se manifestara desde esta mañana en el Palacio Municipal, algunos de ellos encadenándose en el ingreso u otras zonas internas del edificio. Justamente se trata de exempleados, en su mayoría, de esa dependencia.

Según un comunicado de la Comuna, “parte del área se encontraría manejada” por los concejales opositores Inés Ricci y Flavio Álvarez, si bien pertenecientes a una bancada propia, Comunidad Pilarense, cercanos a Cambiemos.

Para la gestión del intendente Federico Achával, de hecho, la manifestación que se registra hoy en el edificio de la Comuna, responde a esa auditoría que se emprenderá, donde se habrían hallado “contratación de ñoquis y proveedores vinculados a los ediles”, algunas de esas empresas reclamando deudas por prestaciones que, siempre según el actual gobierno, no se podría demostrar si en efecto se realizaron.

“La resistencia frente a que se destape la olla está generando todo tipo de manifestaciones que incluyen la utilización de trabajadores para encadenarse a la municipalidad. En lo que hace a los recursos humanos, de una extensa nómina de trabajadores que habrían sido reclutados por ellos durante los últimos 4 años, se encuentran múltiples casos de gente que recibe un sueldo sin trabajar, lastimosamente conocidos como ñoquis”, indicaron desde la Comuna y apuntaron a 4 familiares de Álvarez.

“En cuanto a las empresas, resulta llamativo la contratación de camiones y maquinaria de las que es dificultoso certificar la verdadera prestación de servicios. El más llamativo es el de ‘Lupinacci’, (firma) que intenta justificar $3.461.000, de los cuales $500.000 corresponden a noviembre y ni siquiera tienen Orden de Compra. El otro es “Claudio Verna” que del mismo modo intenta justificar $1.154.000, y por último dos multicargadores a nombre de “David García” por $586.000, también sin Orden de Compra”, añadieron desde la gestión de Achával.

Los casos de despidos que se conocieron hoy, no todos se deben a contrataciones de los últimos 4 años, sino a 5 u 7 años. En ese contexto, desde el Municipio insistieron en que se viene trabajando en conjunto con los gremios locales para rever y reincorporar, en el caso que corresponda, al personal cesanteado, aunque insistieron en la existencia de “estructuras políticas pagadas con dineros del Estado”.

“No nos vamos a achicar frente a las amenazas”

El secretario de gobierno del Municipio, Santiago Laurent, funcionario que viene trabajando con los gremios para rever la situación del personal, expuso que detrás de la protesta de este lunes existe en realidad la búsqueda de defender “intereses personales”.

“Llegamos hasta acá para transformar la realidad, y tomar las medidas que haya que tomar. Que sepan los que defienden sus propios intereses, que no nos vamos a achicar frente a las amenazas”, disparó Laurent.

“Cada vez que se paga algo que no se hace, cada vez que se defienden intereses personales e inescrupulosos por sobre el bienestar y el desarrollo general, se impide la posibilidad real de que los ciudadanos de Pilar vivan mejor, y no lo vamos a permitir”, agregó Laurent.

El funcionario expuso que “hace falta terminar con prácticas y costumbres que le hacen mucho mal a la política y que impiden la posibilidad de desarrollo del distrito”.

“Que digan lo que quieran”

En contacto con Pilar de Todos, Ricci negó tener vínculos con proveedores, aunque sí admitió conocer a algunos “porque son empresas de Pilar”, y manifestó la necesidad de revisar los despidos.

“No tengo vínculos con proveedores, aunque sí conozco a algunos porque son empresas de Pilar. Que digan lo que quieran, acá lo importante es que haya diálogo y se revean los despidos, porque son gente sostén de familia”, expuso Ricci quien acompañó a los trabajadores en su reclamo.