Concejales de la oposición presentaron un pedido de informes con el que buscan obtener datos sobre el actual funcionamiento del Consejo Escolar.

Es que luego de que el propietario del edificio donde prestó funciones el organismo durante los últimos 20 años reclamara una deuda por el alquiler de ese espacio, que data de agosto del año pasado, y que anticipó la mudanza a una nueva locación, los ediles mencionaron que allí "no cuentan con condiciones mínimas para trabajar".

El proyecto lleva la firma de las y los concejales Jésica Bortule, Analía Leguizamón - de Juntos por el Cambio - Inés Ricci y Flavio Álvarez - Comunidad Pilarense - y Adrián Maciel - Pilar Federal -.

En declaraciones a Tel Viso Noticias, Bortule señaló que el nuevo espacio del Consejo "no cuenta con cuestiones básicas como, por ejemplo, conexión a internet" y agregó que "muchos docentes y auxiliares no pueden acceder a concretar los trámites que necesitan".

"Muchos miembros de la comunidad educativa necesitan de diferentes avales del Consejo para avanzar en diferentes tramites y no lo están pudiendo hacer. Están quedando trámites inconclusos, por ejemplo con la obra social IOMA cuando todos sabemos que cuestiones de salud son prioritarias y urgentes", planteó la concejal.

Además, agregó que "tampoco se está efectuando el pago a proveedores" que prestan servicios a través del Consejo Escolar. Y ejemplificó que cuando hay hechos vandálicos en los establecimientos, "es necesario arreglar las roturas en un corto plazo" .

"Esa gente que hace los arreglos tiene que cobrar y eso se está demorando como resultado de este desalojo y de la falta de un edificio en condiciones para que todo el cuerpo de consejeros trabaje como corresponde", completó Bortule.

El cierre del edificio del Consejo Escolar se produjo a principios de este mes, luego de que el propietario del inmueble, ubicado sobre la calle Lorenzo López, reclamara el pago de varios meses de alquiler adeudados por la Provincia de Buenos Aires, deuda que también incluye el incumplimiento del pago de servicios como luz y gas.

En ese momento, la Presidenta del cuerpo, Victoria Carey había señalado que la deuda data de agosto del año pasado y había aseverado que la misma "está en vías de regularizarse".