En los últimos días enorme fue la sorpresa de vecinos que reclaman en contra de las termoeléctricas, cuando comenzaron a recibir cartas en donde se les informaba que tenían que pagar multas de casi 5 mil pesos cada una.

Se trata de habitantes del área donde están emplazadas las firmas APR Energy y Araucaria Energy, quienes junto con la entidad ambientalista JUVEVIR iniciaron acciones para que las plantas, ubicadas en Villa Rosa en el límite con Matheu, sean alejadas de áreas residenciales y comerciales.

Los castigos monetarios, establecidos por parte de la Justicia, se deben a que los vecinos que iniciaron las acciones legales no concurrieron a una mediación que se había solicitado en torno al conflicto con APR.

“Las personas que integran JUVEVIR y quienes hemos iniciado el reclamo contra APR estamos recibiendo unas multas de casi 5 mil pesos porque en su momento se frustró una mediación que inició APR, en el momento en que estaban vigentes las cautelares”, expuso el abogado ambientalista Gustavo Madeira, en diálogo con Telviso Noticias y Telered.

“APR inicia una contrademanda millonaria para que dejemos de lado el reclamo. El primer paso para una contrademanda es el inicio de una mediación. A algunos nos notificaron y a otros no. Se frustró esa mediación, que en definitiva no tenía sentido, porque es hacerle un juicio a la gente que defiende el medio ambiente. Y resulta que ahora por no haber concurrido a esa mediación, que para nosotros fue de un modo ilegal y representa una extorsión, están llegando estas multas. Hay gente muy humilde, que se ha jugado el pellejo, y estaría bueno que el Ministerio de Justicia lo revea, porque de alguna manera desalienta a la gente a luchar contra empresas poderosas”, sostuvo Madeira.

El abogado aseguró que en sus 25 años de profesión “jamás” vio que se multe a alguien por no ir a una mediación, aunque sí es un aspecto que figura en la legislación.

“En 25 años he participado de más de 1000 (mediaciones), y jamás vi que multaran a nadie.  Lo vamos a apelar, para que esto se deje sin efecto, explicando que es una problemática ambiental donde no puede haber costos para quienes reclaman. Más allá de lo legal, no está bueno que desde lo ético, cuando la gente se anima a hacer un reclamo a una empresa poderosa, después vengan este tipo de represalias y por eso queremos que la Justicia revea la situación”, concluyó Madeira, quien aseguró que la medida busca “amedrentar” a los vecinos.

La radicación de las empresas, en 2017, generó un genera una fuerte polémica entre las firmas y los vecinos. Estos últimos denuncian permanentes ruidos molestos, y apuntan al potencial daño a la salud y al medio ambiente que generaría los gases emanadas producto de la combustión de los motores, que funcionan a gasoil y a gas natural.

Además, advierten sobre el uso intensivo del agua de pozo y a la peligrosidad de que existan pantas de ese tipo, donde hay combustible a alta presión y líneas eléctricas, cercano a casas y comercios.

Las firmas siempre han señalado que se ajustan a los estándares ambientales (pese a que fueron clausuradas por el OPDS en su momento por generar ruidos molestos), y señalan que los gases que se emiten no son dañinos, ya que los motores funcionan la mayor parte del tiempo a gas natural, y cuando lo hacen con gasoil, este es sin azufre.