Congrega a gremios poderosos, organizaciones sociales y políticas. Apuntan a "defender a los sectores más golpeados por las políticas de Cambiemos".

La legisladora bonaerense expuso que se desfinancian áreas sensibles, como Salud, Educación y Desarrollo Social, y crecen los dineros destinados al pago de la deuda. Además, cuestionó el traspaso de los subsidios a las Comunas.

El diputado nacional del FPV visitará el distrito el 29 de noviembre en un encuentro que tendrá lugar en la Plaza 12 de Octubre. 

Es una iniciativa del edil Adrián Maciel, para negocios de hasta 100 m2. El edil busca "disminuir la presión impositiva que pesa sobre los comercios de Pilar”.

Será el próximo 3 de diciembre, en Asamblea con Mayores Contribuyentes. Ediles opositores analizan ponerle un tope al incremento automático por inflación que pretende impulsar el Ejecutivo.

Así se lo transmitieron legisladores de Cambiemos al edil Diego Ranieli. Representa un monto de 400 millones de pesos. Aunque sí la Comuna debería afrontar la tarifa social de luz.

Talleres de cocina, de armado de currículums, jornadas de cuidado bucal y visual son algunos de los más relevantes. Apuntan a llegar con un abanico de herramientas a los sectores más vulnerables.

La iniciativa fue elaborada por dos legisladores de Cambiemos. Guillermo Castello y Lucas Fiorini. De 21 a 10 horas, quieren que la restricción sea entre las 23 y las 8. Regiría en los meses de verano.

Señalaron que las boletas secuestradas por la justicia son de 2015, unas 9 en total, por 150 mil pesos. La Justicia desbarató una banda que se dedicaba en todo el país a crear empresas fantasmas, una de ellas relacionada con Pilar.

El Legislativo comenzó a analizar el cálculo del año que viene, pero este no contempla el traspaso de la responsabilidad de afrontar el gasto del transporte y la luz para sectores vulnerables, una erogación superior a los 500 millones de pesos.

Se habrían detectado varias contrataciones por medio de boletas apócrifas, provenientes de una banda desbaratada en Quilmes. El gobierno actual asegura que se trata de compras realizadas por la gestión del exintendente Zúccaro, en 2014 y 2015.