Algunos hablan de “efecto contagio”. Pero lo cierto es que jamás en los 20 años de la historia de Pilar había habido tantos postulantes a la Defensoría del Pueblo. Al cierre de la jornada de este jueves, exactamente 31 ciudadanos ya habían presentado sus currículums ante el Concejo Deliberante, órgano que deberá elegir al próximo ombudsman.

El puesto de la Defensoría, desde su creación, siempre quedó en manos de alguien de la oposición al gobierno de turno, y las candidaturas, entre 3 o 4, partían generalmente desde las propias bancadas del Concejo.

El elegido, entonces, salía de un acuerdo entre la mayoría de los ediles, y era poco el espacio que había para referentes vecinales o que llegaran por fuera de la política tradicional.

Sin embargo, ese 2019 muestra una grilla inédita: no solo por la cantidad de nombre, sino también porque varios son vecinos o comerciantes.

Gonzalo Moreira, Miguel Covini, Ricardo Giacomin, Sergio Patt, Gabriel Lagomarsino, Carlos Alberto Robaglio, Juan Carlos Casette, Daniel Julio Castro, Gonzalo Etchart, Cecilia Díaz, Humberto Asturiano, Norberto Casanello, Rodolfo Di Doménico, son los primeros 13 postulantes en anotarse.

A los que se le suman Fernando Petus, Roberto Fernández, Andrea Fernández, María Esmeralda Parra, Alejandra Cabalero, Claudia Dotta, Marcelo Mendoza, Héctor Altamira, Clara Rojas, Natalia Espasa, Sebastián Ventura, Graciela Baroldi, Enrique Iglicki, Vanina Codaro, Gabriel Vallejos, Fabiola Kosik, Gabriel Nieto, y María Bordelois.

Al extenso listado, no obstante, podría faltarle algunos nombres: Juan Manuel Quintana, actual subsecretario de gobierno de la Comuna, se anotará al filo del tiempo abierto para la convocatoria: el viernes 22 a las 14.

Quintana, por su rol de futuro opositor al gobierno del intendente electo Federico Achával, es uno de los que más apoyos tendría, aunque por el momento no los suficientes para ser ungido como Defensor.

“No se está cocinando en un cuartito”

El Presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Trindade, habló de una suerte de “efecto contagio” en la postulación de tantas personas, pero al mismo tiempo indicó que eso es sano porque es una contienda que “no se está cocinando en un cuartito de 2 x 2”.

No obstante, sí expuso que a varios de los aspirantes no los vio salir en defensa de los derechos o cuestionando políticas públicas que puedan considerarse abusivas o injustas, es decir el rol del Defensor.

“Ahora nos toca a nosotros hacer una fuerte evaluación, no solo la capacidad, porque no somos quienes para juzgar eso, pero sí ver las trayectorias y que (el postulante) haya tenido un rol importante en esta gestión. Hay mucha gente que está en la lista y no vi que salga en defensa de nada, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de la votación”, señaló Trindade en contacto con Pilar de Todos.

“A partir de la semana que viene me reuniré con muchos de los anotados. Seguramente cada uno de los bloques irá con alguna propuesta concreta, y vamos a tener comisión de labor parlamentaria. Pero no solo hay que poner sobre la mesa cuestiones de capacidad, sino ver que se trate de gente que haya tenido algún tipo de experiencia en esto, y que haya demostrado una fuerte vocación de servicio, sobre todo”, agregó.

Debido a la alta cantidad de postulantes y en la búsqueda de los consensos para elegir al mejor postulante, fuentes del Concejo no descartaron que la elección, que debe realizarse en sesión extraordinaria el 28 de noviembre, se posponga para luego del 10 de diciembre, ya cuando el Legislativo renueva a la mitad de las bancas, aunque en los papeles siga dividido por partes iguales entre referentes de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.

La elección

La ordenanza que rige la elección del Defensor del Pueblo, modificada en 2015, establece que el ombudsman será elegido por la mayoría de los presentes de los ediles (no de la mayoría simple del Concejo), por lo que una vez alcanzado el quórum, con 13 concejales, la mitad más uno de ellos (7) podrían definir al próximo Defensor, quien permanecerá en el puesto durante 4 años.

Esa misma ordenanza, además, establece que la oficina no tendrá limitaciones a la hora de contratar personal, siempre y cuando la toma de empleados sea "justificada", al tiempo que le adjudica un presupuesto que no podrá ser menor al 0,5% del total de la Comuna, que en este 2019 se tradujo en unos 45 millones de pesos.