Abrió un perfil de Instagram y un canal de Youtube. En la primera filmación que publicó se defendió de las acusaciones de los fiscales del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Andrés Quintana. «Soy inocente», posteó.

La Policía Federal llevó a cabo decenas de allanamientos en CABA y el Conurbano, uno de ellos en un country de Pilar. Los integrantes de la banda también hacían ejercicio ilegal de la medicina.

La banda operaba en varios puntos del país, entre ellos Pilar. Prometía "felicidad y cura a los males de la droga y el SIDA", con el objeto de captar gente a las que les quitaban dinero. También realizaban tratamientos médicos y reducían a algunas personas a la servidumbre.

El representante del ministerio público Andrés Quintana aseveró que así se lo reveló un preso que compartió celda con el imputado por el crimen de María Marta.

La víctima es un albañil de 41 años. Por causas que se investigan, cayó al vacío en una obra de construcción de nuevos departamentos que se desarrolla dentro de Pilará.

Lo dijo la fiscalía al aportar más detalles de esa confesión que Pachelo le hizo a un compañero de celda que está muerto. También le habría dicho dónde descartó el arma homicida. La defensa protestó. 

Se realizaron ocho allanamientos en la región, algunos de ellos en Pilar. Hay tres detenidos.

El principal acusado del asesinato de María Marta García Belsunce negó su participación en el hecho, acusó a la familia de la víctima de querer "montar un show", y cuestionó a los fiscales de "tirar títulos a los periodistas para que la gente lea lo que ellos quieren".

Así lo sostuvo la Fiscalía en el juicio por el asesinato de María Marta. El hombre, que falleció tiempo atrás, había estado preso con el acusado del crimen en dependencias de Prefectura Naval y se había entrevistado con uno de los fiscales. Incluso agregaron que hasta le habría contado dónde descartó el arma.

Tras un allanamiento se secuestraron 11 motos que habían sido sustraídas a sus dueños, en su mayoría trabajadores de aplicaciones de reparto.

Saulo Rojas se quitó la vida en San Camilo, en Pilar en el 2013. Pero la Justicia determinó que el joven no recibió los cuidados adecuados. Es la primera vez en el país que un miembro de una comunidad es condenado por la muerte de un paciente.