Luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires resolviera por unanimidad destituir a Alejandra Velázquez, quien se desempeñaba como Jueza de Familia de Pilar, ahora la ex magistrada es señalada por "no haber velado por la integridad de chicos judicializados que estaban internados en una granja de rehabilitación".
Velázquez quedó destituida acusada de "vender" adopciones y por varias irregularidades más entre las que se destacan "datar falsamente sentencias e interlocutorios; irregularidades en el procedimiento (como permitir que, mientras estaba en viaje fuera del país – en muchos casos sin autorización de la Corte -, sus auxiliares firmaran 600 expedientes durante los años que estuvo en el cargo); intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer; acoso laboral; incumplimientos reiterados en materia de adopción; actos de parcialidad manifiesta; entre otros", según enumeró el Colegio de Abogados de San Isidro.
Pero las irregularidades en el accionar de Velázquez podrían ser más. Es que, tal como señaló el periodista Pablo Galfré - que viene investigando las muertes de dos jóvenes ocurridas en la Granja de Rehabilitación San Camilo, con sede en el distrito - la mujer al frente del Juzgado de FamiliaN°1 de Pilar "tenía a su cargo 31 pacientes por los que tenía que velar".
Tras la noticia de la destitución de la ex jueza, Galfré señaló: "La jueza Velázquez fue destituida por varias irregularidades pero no por no controlar a San Camilo ni velar por las vidas de Saulo Rojas y Felipe Mariñansky, quienes estaban a su cargo y se murieron en y por San Camilo. Se perdió una gran oportunidad de visibilizar la complicidad de la justicia para con las muertes y las torturas en los manicomios".
Saulo Rojas y Felipe Mariñansky estuvieron internados en San Camilo y, tal como consigna su investigación, fueron sometidos a maltratos, encierros y prácticas abusivas en el marco de supuestos tratamientos para dejar las drogas. Ambos fallecieron, y a esos casos se fueron sumando varios testimonios que relatan el horror de haber estado internado en esa granja, que actualmente sigue funcionando en la localidad de Derqui.
"¿Para qué?, si son loquitos"
El periodista también se mostró molesto con Guilermo Sagués, presidente del Colegio de Abogados de San Isidro a quien aseguró haberle llevado "hace dos años, papeles que demostraban que esta jueza tenía 30 pacientes de San Camilo a su cargo, así como la jueza civil 2, Dra. Galeleano, a quien también podrían hacerle un jury por no velar por otros 53 personas que pasaron por San Camilo".
"¿Para qué?, si son loquitos", se indignó el escritor que volcó todos los detalles de la investigación de San Camilo en el libro "La Comunidad, viaje al abismo de una granja de rehabilitación".
En ese ejemplar, Galfré relata que las magistradas -Velázquez y Galeleano- "tenían que garantizar la seguridad de los chicos, seguir sus historias clínicas y tenían la obligación de tomar contacto personal y visitarlos con la necesaria frecuencia, pero ninguno de los chicos internados en San Camilo recuerda haber sido visitado por las juezas o sus secretarios".
Por último, el escritor agregó: "Me entristece que no hayan incluido dentro de las irregularidades de Velázquez el no haber velado por las vidas de Saulo y Felipe. Quizá ellos dos podrían estar vivos ahora si la magistrada hubiese hecho tan sólo su trabajo".