Familiares, allegados y organizaciones marcharon a las puertas del Juzgado de Garantías 7 de Pilar para reclamar que los policías imputados por el crimen de la mujer trans Sofía Fernández permanezcan detenidos.

La movilización se dio en el marco de un masivo pedido de prisión domiciliaria para nueve de los 10 implicados. Siete están acusados por encubrir el asesinato, ocurrido en un calabozo de la comisaría 5ta. de Derqui en abril del año pasado, y otros tres por ser los autores materiales del crimen.

“El reclamo es para que ninguno de los asesinos quede libre ya que le concedieron la prisión domiciliaria a la mayoría de ellos. No pueden salir libres”, dijo Mabel, hermana de Sofía, en diálogo con Resumen.

Si bien el pedido de prisión domiciliaria ya fue aceptado por el Juez, quedará firma la semana que viene. El abogado de la familia de la víctima, Ignacio Camillo, pidió la nulidad de la medida.

Fernanda Ludueña, integrante de organizaciones en defensa de los derechos de niños, mujeres y la comunidad LGBTIQ+, expuso en la marcha que “están detenidos por lo que hicieron y la idea es que no salgan, que no pisen la calle nunca más”.

“Lo justo, es justo. No queremos privilegios porque son policías, queremos que paguen, que vayan a una cárcel común, que paguen uno por uno”, enfatizó.

La Justicia determinó que dos de los cinco policías acusados de asesinar a la mujer trans Sofía Fernández no estaban en la comisaría el día del crimen.

Los investigadores constataron que el sargento Germán Gonzalo Robles, de 29 años, y el oficial ayudante Ezequiel Francisco Ávalos Ybáñez, de 32, se encontraban el día del crimen prestando servicios en el Club Atlético Pilar, tal como declararon en sus indagatorias.

Los investigadores cotejaron las planillas de los eventos que los uniformados dijeron estar cubriendo, donde aparecen sus firmas. Las rúbricas fueron analizadas por Gendarmería.

En ese marco, el juez Saettone ya no los imputó por el crimen de Sofía, pero sí por el encubrimiento del asesinato.

La misma caratula le cabe a otros cinco uniformados, mientras que de momento son tres los que están implicados directamente con la muerte de Sofía, quien murió asfixiada.

La solicitud de prisión domiciliaria también fue realizada por dos policías acusadas del crimen, la sargento Yésica Isabel Núñez, de 32, y Viviana Edith Ruiz, quien tenía el rango de subteniente. La Justicia se las concedería ya que tienen hijos menores de edad a su cargo.

La semana que viene se sabrá si finalmente se les concede prisión domiciliaria, posibilidad que fue rechazada por el abogado de la familia de Sofía, Ignacio Fernández Camillo, quien pedirá nulidad.

Los supuestos asesinos

Para la Justicia, entonces, los responsables de la muerte de Sofía son Yésica Isabel Núñez, Viviana Edith Ruiz y Carlos Matías Rodríguez. Rodríguez, en caso de que se acepten las prisiones domiciliarias para el resto, sería el único que permanecería detenido.

El crimen
Sofía Fernández (39), estaba por empezar la carrera de enfermería y era docente.
Fue detenida en abril del año pasado al verse involucrada en un supuesto intento de robo, aunque nunca quedó del todo claro la circunstancia de su aprehensión.
Dos días después, su cadáver fue encontrado en uno de los calabozos de la comisaría 5ta. de Derqui.
En primera instancia, los Policías explicaron a la familia de Sofía que la mujer había fallecido por "muerte súbita", y más tarde deslizaron la posibilidad de un suicidio.

Sin embargo, la autopsia reveló que Sofía había muerto por asfixia, al tiempo que se encontraron trozos de un colchón y de su ropa interior en las vías respiratorias.

Además, el cuerpo presentaba golpes. Se cree que todo comenzó cuando Sofía se negó a ser detenida en un calabozo con otros hombres.
Las pericias indicaron que actuaron tres o más personas, quienes la sujetaron, además de que “no se puede descartar la concurrencia de maniobras de abuso sexual por vía anal, dado los hallazgos cito genéticos”.
Para los investigadores el móvil del crimen fue el “odio por la identidad de género de la víctima”.