Históricamente relegada por la seguridad ciudadana y hoy olvidada por la seguridad sanitaria, la pérdida de vidas al volante continua siendo un flagelo que a diferencia de tantos otros estructurales y endémicos (corrupción, pobreza, exclusión, violencia), se puede evitar.
Entre el 2010 y el 2019 en la Argentina, 74.024 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Y en el 2020 –que en gran medida transcurrió con grandes restricciones a la circulación a raíz del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) impuesto por la pandemia-, los números no resultan ejempificadores, más que para demostrar que la tendencia continúa.
Luego de una fuerte caída durante la fase 1 que marcó un piso, desde el inicio de la fase 2 comenzó a reflejarse una leve pero sostenida tendencia creciente. Tanto es así, que el 2020 finalizó con 3138 muertos.
La mayor concentración de siniestros fatales se registró en zonas urbanas. El 46% de ellos se produjo en calles y avenidas y el 44% en rutas y autovías. A su vez, el número de varones fallecidos quintuplica al de mujeres y en cuanto a las edades de las víctimas, la mayor concentración (44%) se da en la franja comprendida entre los 15 y los 34 años.
Cabe destacar que 6 de cada 10 víctimas fatales corresponden a usuarios vulnerables de las vías (ocupantes de motos, peatones y ciclistas) y el 53 % del total de los siniestros suceden por la noche.
Además, el informe de la Dirección de Estadística Vial y Dirección Nacional de Observatorio Vial revela que la tasa de mortalidad entre los motociclistas es más del doble que la de automovilistas (44 a 21% respectivamente)
Analizando los números, podemos apreciar que las víctimas son en su mayoría jóvenes, que más de la mitad de los siniestros afectan a motociclistas y en horas sin luz solar. Por lo que continuando con la misma línea de razonamiento, podemos deducir que la imprudencia y la actitud temeraria –habitual en este sector etario- juegan un rol preponderante, al igual que la falta de presencia del Estado.
En este sentido, el no uso de cascos está directamente vinculado con la falta de controles (presencia y eficacia) por parte del Estado. Y no hablamos de sancionar al temerario o educar al imprudente, sino de algo más sencillo: el cumplimiento de la Ordenanza 148 que impulsamos desde el Honorable Concejo Deliberante de Pilar y sancionamos en el 2015 por la cual se "prohíbe a las estaciones de servicio suministrar combustible a conductores y/o acompañantes que no llevaren el casco debidamente colocado".
Para cumplir esta norma no es necesario el control en vía pública con la eventual inversión de recursos que supone, con despliegue de fuerzas policiales o municipales en postas y/o retenes. Con solo informar y -de ser necesario- multar en forma ejemplificadora a una expendedora de combustible, bastaría para que el resto cumpla.
Claro está que la responsabilidad del Estado no termina aquí. Que el 53% de los siniestros viales ocurran de noche -de los cuales 46% se producen en zonas urbanas- está estrechamente ligado a la falta de iluminación pública.
A esta sustantiva falta de presencia (o eficacia) del Estado en la materia, agregamos el incumplimiento de otra ordenanza, también vigente desde el 2015 pero nunca cumplida: la 40/15 que regula técnicamente la confección de los reductores de velocidad tipo "mesetas" y su ubicación. Además de la demarcación de sendas peatonales y rampas con la pintura refractaria correspondiente.
Una vez más, no es necesario invertir recursos para evitar siniestros fatales, bastaría con controlar el cumplimiento de las normas vigentes. Presencia del Estado y eficacia.
Adrián Maciel
